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El juez obliga a la propiedad a asegurar la ladera argayada del monte Fuxa, en Candás

Los tribunales avalan la legalidad del desalojo de la familia propietaria de Casa Carioco, pero piden atajar la “peligrosidad latente” de la zona

El argayo del monte Fuxa, con la casa desalojada a la izquierda, en el año 2013. | Miki López

El argayo del monte Fuxa, con la casa desalojada a la izquierda, en el año 2013. | Miki López

La ladera del monte Fuxa, en Candás, tendrá que ser asegurada para atajar su “estado de peligrosidad”. Así finaliza el fallo de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre el litigio que enfrenta al Ayuntamiento de Carreño y los propietarios del edificio conocido como Casa Carioco, representados por el despacho de Raúl Bocanegra. La historia viene de largo. Tras cuatro años fuera de su vivienda por un desalojo a causa de un argayo, en junio de 2017 la familia de la demandante regresó a su domicilio en el paseo marítimo de Candás. Solo un año después, el Ayuntamiento les ordenó volver a abandonar su vivienda para velar “por la seguridad de los residentes” ante posibles nuevos desprendimientos en la zona. Los afectados nunca quisieron abandonar su vivienda y el caso acabó en los tribunales. Tras una sucesión de recursos, el TSJA ha terminado estimando una de las exigencias de la familia: que la propiedad del monte ponga remedio a los recurrentes desprendimientos.

Por las laderas del monte Fuxa caen piedras y sentencias. Pero, en esta ocasión, tras un varapalo en primera instancia, la Justicia parece haber virado en su parecer y le da una parte de razón a los dueños del inmueble. Los propietarios pedían en un primer momento que se retirase el vallado instalado delante del garaje de su vivienda y que se exigiera a los dueños del monte Fuxa la adopción de las medidas necesarias para afianzar la ladera con el objetivo de que no se repitan nuevos desprendimientos. La intención de los propietarios de Casa Carioco pasaba en primera instancia por que los tribunales ordenasen al Ayuntamiento la retirada de este vallado y el dueño del monte solucionase el problema de los desprendimientos. Tras la apelación ante el TSJA, parece que este segundo extremo sí que se hará realidad. El fallo obliga al Consistorio a dar esta orden a la propiedad del monte para que ejecute los trabajos necesarios para afianzar, asegurar y mantener el monte que ha ocasionado el litigio. En caso de que los dueños de la ladera no cumplan la orden, será el Ayuntamiento el que deba ejecutar dichos trabajos. El TSJA le da al equipo de gobierno dos meses desde la firmeza de la sentencia para dictar la orden y tres para “asegurar su cumplimiento firme y exacto”.

Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, se deben realizar todas las labores necesarias en el monte para “desvanecer el estado de peligrosidad respecto de la propiedad de la parte demandante y los terceros que transiten en las inmediaciones. Los continuos desprendimientos y argayos que han obligado a cortar el paseo marítimo en numerosas ocasiones podrían, por fin, tener un punto final.

Aunque no sería la primera vez que se condena a la propietaria a ejecutar obras para reforzar la seguridad de la ladera. En 2006, un juzgado de Gijón obligó a realizar obras por un importe de 21.500 euros para que no se repitiesen argayos como el registrado en 2000. Ahora, el juez expone lo que ya dijeron los peritos, que concurren dos circunstancias en el monte: un problema y una solución. “Por un lado, que existe una situación de latente peligrosidad derivado de la estructura del monte, con peligro serio, real, permanente y actual de deslizamiento sobre la vivienda litigiosa y con potencial extensión hacia el paseo marítimo. Y, por otro lado, que existen soluciones técnicas frente a ello, ya se trate de medidas de instalación de mallas y anclajes, muros de hormigón o medidas técnicas de eficacia equivalente”, dice textualmente la sentencia. En ella ya se apuntan las posibles soluciones que se podrían ver durante el tercer trimestre de este año sobre Casa Carioco.

En la sentencia, también se hace un reproche a los propietarios de Casa Carioco en el apartado en el que rechaza la hipótesis de una supuesta pasividad municipal. Así, el TSJA considera que la familia debería haber utilizado los fondos obtenidos en una sentencia favorable de un litigio anterior para asegurar la vivienda y restablecer las “condiciones idóneas previas ante los primeros derrumbes”. De todas formas, la sentencia no es firme y podría darse un nuevo recurso, ante el Tribunal Supremo.

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