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El Juzgado invalida el tope de las dietas que podían cobrar por día los concejales de Grado

El fallo da la razón a Ciudadanos, que recurrió la limitación de cobro a 100 euros por día y edil

El edil de Ciudadanos, en una foto de archivo, en la plaza General Ponte de Grado

El edil de Ciudadanos, en una foto de archivo, en la plaza General Ponte de Grado

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo ha dado la razón al concejal de Ciudadanos Grado, José Ramón González, en la demanda interpuesta contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento a cuenta de las dietas que perciben los ediles. En concreto, el fallo rechaza la limitación establecida por la que los miembros de la Corporación no podrían cobrar más de 100 euros por día, con independencia del número máximo de sesiones municipales a las que se asista.

El fallo, que ya es firme, da un plazo de dos meses al Consistorio moscón para ejecutar la sentencia y modificar este apartado del acuerdo plenario que estableció las cantidades a percibir por los miembros de la Corporación municipal.

“Lo que deja claro la sentencia es que no se puede discriminar a ningún concejal. No discuto las cantidades, pero en lo que no estoy de acuerdo es que estando en el mismo sitio y haciendo el mismo trabajo, yo no cobrase nada y los demás sí. Es una manera de penalizar al grupo municipal de Ciudadanos, que tiene un solo concejal”, afirma González.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando el Pleno municipal aprobó el acuerdo con las cantidades a percibir por los concejales. En la dieta fijada en 50 euros por asistencia a la Junta de Gobierno Local, a la Junta de Portavoces y a las comisiones informativas, se incluyó un apartado específico con la limitación de un máximo de 100 euros por día y edil. Una medida que fue apoyada por el equipo de gobierno de IU y por el PSOE, con la abstención del PP y el voto en contra de Ciudadanos.

Por ello, la formación naranja presentó un recurso de reposición en el Pleno de septiembre de 2019, que fue rechazado con los votos de IU, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento moscón, pese al apoyo favorable del resto de grupos de la oposición. Ante la decisión plenaria de la Corporación, el portavoz municipal de Ciudadanos acudió a la vía judicial presentando una demanda en el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Oviedo al estimar que la limitación de 100 euros por día y concejal vulnera el derecho de representación política.

“Si en un día hay tres comisiones y voy a las tres solo cobro dos, es decir, es como si en realidad cobrase 32 euros por cada una y no los 50 euros que cobran el resto de concejales cuando estamos en el mismo sitio, el mismo tiempo y haciendo el mismo trabajo”, insiste González, quien afea que el equipo de gobierno de IU no quiso llegar a un entendimiento “conscientes, en este caso, de que el que salía perjudicado era yo”.

En ese sentido, González destaca que en 2019 trató sin éxito de negociar una cantidad que no sobrepasase los 100 euros establecidos pero que diese a todos los concejales una dieta por cada comisión o junta. “Los 32 euros en concreto, así nadie estaría trabajando gratis, pero IU no quiso”, dice. Por eso critica que, en otras situaciones, como la que se da en el Ayuntamiento de Gijón, “precisamente por no tener IU suficiente personal para cobrar prestaciones como el resto de los grupos, se buscó la forma de que no perdiesen ingresos”. “Aquí no quisieron llegar a un entendimiento sino buscar el perjuicio de Ciudadanos”, reprocha.

De ahí que, González, insistiese en la demanda al entender que se trataba de perjudicar al grupo municipal de Ciudadanos a través del acuerdo plenario. No obstante, este aspecto concreto ha sido rechazado en la sentencia al no haber aportado “pruebas fehacientes de que el acuerdo se haya adoptado con el vicio que reprocha el demandante”, señala el fallo.

Ahora, el Pleno de Grado deberá abordar de nuevo el acuerdo sobre las dietas a percibir por los concejales para eliminar el apartado con la limitación de los 100 euros por día y edil. Los responsables municipales tienen un plazo de dos meses para ejecutar el fallo judicial.

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