Dos años ha tardado la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en dar el visto bueno al catálogo urbanístico y al Plan General de Ordenación (PGO) de Noreña. Un hito histórico para la Villa Condal, que nunca ha contado con un plan de ordenación, sino que venía rigiéndose por normas subsidiarias que datan del siglo pasado. Según detallaron ayer los representantes de la CUOTA, será necesario hacer unas correcciones en el texto, que se incluirán en el refundido que se lleve a aprobación definitiva. Este es el último paso para la entrada en vigor, inminente, del PGO.
El nuevo plan general de Noreña prevé la construcción de más de cincuenta viviendas de protección oficial en los próximos diez años. A su vez, también se contempla levantar otros 250 inmuebles en suelo urbanizable, ascendiendo hasta 643 el número contando los que necesitan de reformas para su edificación. Respecto a cambios en la calificación del suelo, destaca que las zonas del concejo que limitan con El Berrón equipararán su catalogación a las de las superficies colindantes de la localidad sierense. Por otra parte, el baile de calificaciones también genera una especial protección a la industria.
Ajustar las lindes con Siero
La línea principal del plan se orienta a la separación de la zona residencial y la industrial, llevando el crecimiento de estas actividades, principalmente, al polígono de La Barreda. Para ello se toma muy en cuenta la posición central del concejo, en una futura área metropolitana. En base a esto, se ajustarán las lindes con Siero y el suelo industrial pasa de urbano no consolidado a consolidado, dando margen a la ampliación de las factorías sin necesidad de recurrir a planes especiales.
Durante la tramitación surgió un caso polémico. Francisco Javier Noval, concejal de Deportes del Ayuntamiento, amplió la chacinera de la que es socio sin esperar a que entrara en vigor el plan. Este le hubiera permitido hacerlo de forma legal, ya que presentó una alegación para solicitar que así fuera y fue estimada.
Sin embargo, la obra se adelantó y el ahumadero no se ajustaba a las leyes vigentes. El caso acabó provocando la dimisión del concejal y una resolución de alcaldía posterior obligaba a la demolición de lo construido, al considerar que se trataba de "una infracción urbanística grave". En cualquier caso, por el momento no se ha llevado a cabo el derribo, debido a la gran demora en la ejecución del expediente a la empresa por parte del Ayuntamiento, con lo que al entrar en vigor el plan queda la duda sobre una posible legalización del ahumadero levantado.
Más allá de esta circunstancia surgida en medio de la tramitación, el proceso para la elaboración del texto ha sido largo y complicado. Empezó en 2008 con el PSOE, que presentó un primer documento de aprobación inicial que fue tumbado en el pleno. Posteriormente, el gobierno de IPÑ y Foro lo retocó, consiguiendo aprobarlo.
Este texto, después de los informes de diversos organismos e instituciones, pasó por un proceso de alegaciones. La mayoría de ellas fueron estimadas. Sin embargo, otras que pedían la demolición de edificios catalogados, pero en estado ruinoso, no pudieron ser aceptadas.
El último paso pendiente para que el PGO fuera realidad era la aprobación de la CUOTA. Esta conllevaba un minucioso estudio técnico, con posibles cambios sobre los planos que se ha demorado dos años.
