Quien fuera alcalde de Teverga de 2011 a 2015, Belarmino Álvarez (PSOE), ha vuelto a ser condenado por prevaricación, de nuevo por hacer trampas en la contratación municipal. En 2016 fue condenado a siete años de inhabilitación y al pago de 11.000 euros por contratar a dedo a su hija como ingeniero forestal dentro de un plan de empleo. Ahora, la magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo le han impuesto otros nueve años y medio de inhabilitación por crear ex profeso una cooperativa forestal y de servicios para realizar todos los contratos menores del Ayuntamiento, para evitar las normas de contratación y de personal. El que fuera secretario judicial de Teverga durante 22 años, Isidro Suárez, le ayudó a preparar el entramado, siempre según el fallo, por lo que ha sido condenado a ocho años de inhabilitación.

El Ayuntamiento reclamaba 116.000 euros por el perjuicio económico causado al municipio, pero tendrá que conformarse con casi 22.000 que deberán pagar los ahora condenados al alimón. A ambos se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso estuvo paralizado “sin causa justificada” de septiembre de 2016 a abril 2017, de septiembre de 2019 a marzo de 2020 y de noviembre de 2020 a mayo de 2021, lo que suma 22 meses. No obstante, la reducción que impone la magistrada respecto a la petición inicial de la Fiscalía es de medio año en el caso de Álvarez, nada en lo que se refiere al exsecretario municipal. Álvarez recurrirá el fallo: considera que actuó conforme a las indicaciones que le daba el secretario, en la creencia de era legal.

La sentencia considera probado que, “con la finalidad de burlar la normativa sobre contratación, el (entonces) Alcalde diseñó un plan tendente a la constitución de una cooperativa para la adjudicación de obras municipales a ejecutar por sus miembros, quienes en realidad prestaban sus servicios como empleados del Ayuntamiento a todos los efectos”. Siguiendo instrucciones del Alcalde, la funcionaria de la agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento “redactó y remitió cartas datadas el 11 de marzo de 2013 a los desempleados del concejo convocándoles a diversas reuniones dirigidas a explicar iniciativas de empleo y desarrollo empresarial”. Finalmente, fueron convocados los incluidos en el sector forestal, a los que el Alcalde les propuso crear una cooperativa, si bien limitando a seis el número de miembros de la misma. La sociedad se constituyó el 7 de junio de 2013, estando presentes los acusados. En la escritura figuraba que los socios habían desembolsado la aportación mínima obligatoria para crear la sociedad, 3.000 euros, pero en realidad fue pagada por el Ayuntamiento.

“A dedo, dentro de la ley”

Para dar apariencia de realidad a la cooperativa, el Alcalde y el presidente de la sociedad firmaron un contrato por el que ésta arrendaba maquinaria y herramienta al Ayuntamiento, así como una oficina en el polígono industrial de Entrago. Se trataba, según la sentencia, de contratos simulados, igual que los contratos adjudicados a la sociedad por el Ayuntamiento y las facturas emitidas por la cooperativa. En un Pleno, el secretario municipal llegó a justificar las contrataciones indicando que “eran a dedo, dentro de la ley”.

Los trabajadores acudían cada día a la nave del Ayuntamiento donde se ponían a las órdenes del oficial de primera municipal. No solo realizaban trabajos forestales, sino todo tipo de obras, incluyendo reparar averías de agua. Cuando en 2015 se eligió un nuevo Gobierno, los cooperativistas fueron echados a la calle, por lo que denunciaron por despido improcedente. El Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo determinó la relación laboral de los trabajadores con el Ayuntamiento y que la cooperativa fue constituida para que realizasen trabajos para el municipio “en fraude de ley”.