Meses atrás, cuando en Asturias el coronavirus aún no había enseñado el colmillo, a los ciudadanos nos daba la impresión de que nuestros gobernantes estaban más pendientes de los problemas de otras autonomías que de la propia. Ahora que el virus campa a sus anchas por el Principado, vemos que tanto la falta de planificación como de gestión está haciendo estragos en nuestro sistema de salud.
Llamar por teléfono en balde cincuenta o cien veces para pedir cita en un centro de salud está a la orden del día. Las centralitas echan humo, al igual que los usuarios que aguardan cola a la intemperie, ya sea en el pueblo o en la ciudad. Los sanitarios no dan abasto y los hospitales están al borde del colapso. Las pruebas diagnósticas de otras enfermedades, y por tanto los tratamientos, se retrasan. Los perdedores somos todos, pero sobre todo los pacientes con patologías graves, los crónicos y los ancianos; unos agravan sus dolencias y otros fallecen.
En el mes de septiembre pasado, el Ministerio de Sanidad, en plena pandemia y sin contar con el personal sanitario, impone y aprueba un real decreto ley mediante el cual se da vía libre –cobertura legal– a las autonomías para que puedan actuar a su antojo. Con dicho decreto un enfermero podrá hacer funciones de médico, un médico sin especialidad podrá ejercer como especialista, un especialista podrá ser obligado a trabajar en una especialidad diferente a la suya, y la última, especialistas provenientes de países no miembros de la Unión Europea podrán trabajar como especialistas desde ya.
De esta manera se desprestigia el sistema MIR como forma de acceso a una especialidad en nuestro país, y de paso se van estableciendo las bases para que la línea entre la legalidad y el intrusismo sea imperceptible. La falta de contratación, la precariedad laboral y la temporalidad que acecha a los médicos, y a los profesionales sanitarios en general, hace que muchos opten por trabajar en otros países europeos. En estos tiempos que nos toca vivir debido a la pandemia sería recomendable que quienes tomen las decisiones sean personas con una formación sanitaria adecuada, y que los profanos en la materia den un paso atrás, aunque solo sea por decoro.
