04 de abril de 2008
04.04.2008
 

La Junta de Castilla recurrirá el fallo judicial que paraliza San Glorio

El proyecto, privado, planteaba una macroestación de esquí con 55 kilómetros de pistas y 350 cañones

04.04.2008 | 02:00
El puerto de San Glorio, donde la promotora Tres Provincias pretende instalar una estación de esquí.

Mieres del Camino,

J. A. O.


La Junta de Castilla y León no se va a quedar de brazos cruzados ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que paraliza la construcción de la estación de esquí de San Glorio, puerto de montaña situado entre León, Cantabria y Palencia. El Gobierno de Valladolid, en manos del popular Juan Vicente Herrera, ha anunciado ya su intención de plantear un recurso al entender que «hay base legal suficiente para ello».


En concreto, el fallo judicial anula la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León de modificar el plan rector del parque natural de Fuentes Carrionas con el objetivo de permitir la instalación de una estación de esquí alpino en San Glorio. La magistrada Ana Martínez Olalla no sólo basó su decisión en que tal medida perjudicaría la protección medioambiental de una zona de alto valor, sino que también puso encima de la mesa razones económicas sobre la base de que los efectos negativos del cambio climático pondrían en seria duda la viabilidad del complejo invernal.


El proyecto de San Glorio está impulsado por la promotora privada Tres Provincias. Con una inversión cercana a los cien millones de euros, plantea un dominio esquiable de 55 kilómetros de pistas, una veintena de remontes mecánicos y más de 350 cañones de innivación artificial. Con cotas situadas entre los 1.520 y los 2.420 metros de altitud, el plan presentado por Tres Provincias manejaba una capacidad de transportes en telesquíes y telesillas de 27.900 personas a la hora. En suma, un macrocomplejo de esquí en condiciones de competir con el Pirineo.


Previamente a la sentencia judicial, el proyecto de Tres Provincias para San Glorio suscitó un intenso debate político y social en las zonas afectadas, especialmente en los municipios leoneses cercanos a Riaño. Mientras los ayuntamientos y la mayor parte del vecindario defendían con ardor un plan que consideran vital para la recuperación económica y social del territorio, los grupos ecologistas del norte de España iniciaron una intensa batalla en su contra, defendiendo otros modelos de desarrollo que, a su juicio, resultarían mucho más sostenibles. Al menos de momento, el fallo judicial supone un gran éxito para el movimiento de oposición al proyecto.

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