20 de abril de 2008
20.04.2008

El plan de captura asturiano logra los índices de rentabilidad que marca como objetivo la UE

20.04.2008 | 02:00
El equipo de investigadores del Incar, en el laboratorio de experimentación sobre captura de dióxido de carbono.

El sistema patentado por el Incar permite el secuestro del CO2 mediante un proceso de carbonatación y calcinación. Las pruebas de laboratorio ya han confirmado que el coste por tonelada de dióxido de carbono capturado será de unos 15 euros, una cantidad mucho más reducida que las que manejan otras tecnologías, que oscilan entre los 30 y los 50 euros y que, además, está dentro de los parámetros que se marca el programa comunitario «DECARbit».


Ahora, el reto de los investigadores está en demostrar si este modelo de carbonatación y calcinación es aplicable en la práctica, más allá de los ensayos previos que tan buenas perspectivas han abierto. A este respecto, Hunosa y el Incar, con el apoyo de otras empresas energéticas y de ingeniería industrial, pretenden tener lista dentro de un par de años una planta piloto de captura de CO2 de un megavatio de potencia que reproduzca a mayor escala el prototipo de 0,03 megavatios construido, casi de forma artesanal, por el Incar. Se ubicará en la localidad mierense de La Pereda.


Junto al diseño de modelos rentables de captura de CO2, los investigadores de los ocho países que trabajan en el programa «DECARbit» también se centrarán en la búsqueda de sistemas y localizaciones para el almacenamiento del gas. Y es que, una vez obtenido, debe ser acondicionado para el transporte y para ser bombeado a los almacenes previamente elegidos. En principio, el plan de la Unión Europea parece decantarse por inyectar el CO2 en yacimientos de petróleo o de gas parcialmente agotados o en acuíferos situados a más de un kilómetro de profundidad.


A nivel nacional, el Ministerio de Industria ya ha realizado diversas reservas de subsuelo en varios puntos de España como zonas susceptibles de convertirse en almacenes de CO2. La medida incluye 1,2 millones de hectáreas en todo el centro del Principado y buena parte de su plataforma continental. Además, recoge otros nueve emplazamientos en las provincias de Palencia, Madrid, Vizcaya, Cantabria, Teruel, Castellón, Zaragoza, Tarragona, Ciudad Real, Albacete, Alicante y Murcia.


En el caso de Asturias, el Ministerio de Industria tuvo en cuenta la petición formulada por la empresa Hunosa, muy interesada en el desarrollo de tecnologías ligadas al carbón limpio. En principio, las zonas más apropiadas como almacén de dióxido de carbono serían dos emplazamientos marinos de profundidad situados frente a la costa llanisca.

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