Mieres / Langreo,
José A. ORDÓÑEZ
La Junta de Castilla y León solicitará oficialmente al Ministerio de Industria que cambie la fórmula de reparto de los fondos mineros destinados a proyectos empresariales generadores de empleo. Las Cortes de Valladolid han dado el visto bueno a una propuesta del gobernante PP en la que se pide que estas partidas se organicen con criterios territoriales. Es decir, destinando un tanto por ciento del total disponible a cada comunidad autónoma en el que, como sucede con las infraestructuras, primen cuestiones como el empleo destruido o la presencia del sector minero. El PSOE de la comunidad vecina mostró su rechazo al planteamiento popular sobre la base de que los fondos de este capítulo van a los mejores proyectos, independientemente de en qué territorio sean presentados.
Sin embargo, el Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) está convencido de que Castilla y León recibe «mucho menos» de lo que le corresponde con cargo a los fondos mineros para ayudas empresariales. La procuradora Rosa Cuesta, encargada de defender las tesis populares bajo la figura de una proposición no de ley, asegura que, «si el reparto de ayudas fuera coherente», a su comunidad autónoma «le correspondería el 31 por ciento del dinero disponible, cuando, con el modelo actual, únicamente ha percibido el 21 por ciento». En esta misma línea, Cuesta señaló que estas partidas suponen 42,3 millones para los 112 municipios de Castilla y León susceptibles de recibir ayudas, mientras que uno solo de Castilla-La Mancha ya recibe una cantidad de 44,7 millones.
Es más, en su alegato contra el actual sistema de reparto de este capítulo de los fondos mineros, Rosa Cuesta también criticó que el Ministerio de Industria «únicamente ha decidido financiar el cincuenta por ciento del total de proyectos empresariales presentados en Castilla y León». Por ello, la diputada autonómica del PP reclamó cambios que conlleven la «territorialidad» de las subvenciones, por cuanto, a su juicio, ese modelo «garantizaría un criterio objetivo de reparto del dinero disponible», evitando que su comunidad «pierda en torno a 17,3 millones» por un sistema que considera «de lo más injusto, sectario y perjudicial».
Por su lado, el PSOE, representado por el diputado Pedro Nieto, defendió la idoneidad del modelo que está en vigor y aclaró que es «diferente» del correspondiente a infraestructuras por «la necesidad de dar prioridad a los mejores proyectos y a los que garanticen un mayor nivel de creación de empleo». Sobre esta base, el responsable del PSOE indicó que si numerosas propuestas planteadas desde Castilla y León no han recibido fondos mineros se debe a que «fueron desplazadas por otras mejores».
