Mieres / Langreo
La acusación del «caso Montepío» asegura en el escrito de recurso que «existen hechos ya demostrados de la muy posible existencia de un delito de administración fraudulenta». La Plataforma de Afectados asegura también que ha tratado de exponerse un recurso breve y señalar sólo algunos de los puntos que ve totalmente probados, incluso documentalmente, y que apuntan a un posible delito.
Entre los aspectos que se señalan destacan referencias a la empresa que compró los 61 adosados de Murcia. Así, se considera cuando menos sospechosos que la sociedad que compró las viviendas no tuviera ninguna actividad empresarial y con sólo un capital social de 3.006 euros acometiera una operación de compra de 3.299.556 euros. «El Montepío incluso le dio carta de pago al comprador».
Igualmente se hace referencia a que el valor de los inmuebles era muy superior al precio fijado por el Montepío. «Días después de la compra en 3.229.556 euros, el comprador obtuvo una garantía hipotecaria por las viviendas de 4.399.381 euros de la Caja de Ahorros de Murcia». También se señala que las viviendas se vendieron a 54.091 euros y que el testigo de cuya declaración se prescinde ahora pagó, en fechas inmediatamente posteriores, 99.117 euros por el adosado. El recurso también hace referencia a que el Montepío formalizó una opción de compra de 600.000 euros sobre los apartamentos de Roquetas con una empresa para luego pagársela a una sociedad gallega «que nunca fue propietaria de edificio alguno en Almería».
Por último se apunta que la tasación exhibida por el Montepío sobre el edificio de Almería incluía los bajos comerciales que no se compraban «y valorados en 1.197.225 euros». La acusación exhibe además, por irregular, dos tasaciones con mismo número de expediente y fechadas el mismo día que sin embargo recogen cantidades distintas. La acusación quiere que declaren los tasadores antes de decidir cualquier archivo.
