Sobre la dilatada existencia del pozo Nicolasa se podrían escribir mil páginas, algunas de ellas demasiado trágicas como saben, pero, sin olvidar el drama de los accidentes que se han registrado en sus galerías, la explotación merece ocupar un capítulo aparte en la historia sindical de la Montaña Central porque sus trabajadores siempre fueron pioneros en las huelgas y las reivindicaciones que luego se extendieron desde allí por toda la minería asturiana; acuérdense por ejemplo de 1962, cuando su nombre corrió por toda Europa anunciando que en España las cosas empezaban a cambiar.
Se ha escrito mucho sobre aquellos días y no quiero redundar sobre lo mismo. Hoy voy a recordarles otro conflicto más próximo en el tiempo, aunque no tanto como para que los jóvenes puedan tener memoria de él. Se inició a finales de 1980 con un despido y no llegó a su punto final hasta que en marzo de 1983 sus protagonistas fueron readmitidos por la empresa. Se lo cuento.
La cosa tuvo su inicio cuando los trabajadores de la explotación reivindicaron una serie de mejoras salariales para los destajos y los trabajos de más riesgo y la empresa se negó a cualquier cambio. Como era lógico hubo unas negociaciones sobre el tema, pero de repente se llegó a un punto en el que no se avanzaba y entonces para forzar una salida el personal de mantenimiento acordó ir a la huelga.
Así se hizo, pero como el resto de la plantilla, integrada en total por algo más de 1.400 trabajadores, producía a ritmo normal mientras el paro persistía, las toneladas extraídas, hasta setecientas en una jornada, fueron acumulándose en el interior de la mina, sin posibilidad de sacarlas al exterior, de modo que el 9 de octubre de 1980 la dirección de Hunosa aplicó el cierre patronal.
Aquella mañana un grupo de mineros decidió tomar otra medida más drástica y a las nueve de la mañana impidió a cuatro ingenieros abandonar las oficinas reteniéndolos allí hasta las seis de la tarde, momento en que pudieron salir con la ayuda de la Guardia Civil. Aunque habían intervenido unos doscientos trabajadores, la empresa no tardó en culpar del hecho a tres dirigentes sindicales de CC OO: Manuel Méndez Carnero, Javier Carnicero y Pablo Ramírez, que militaban en el Movimiento Comunista de Asturias (MCA), un grupo especialmente activo en aquellos años, sobre todo en la cuenca del Caudal.
Los tres pasaron a disposición judicial y quedaron detenidos el 30 de octubre, y al día siguiente también se les comunicó el despido. En el juicio se insistió en que los ingenieros habían sido amenazados e insultados y aunque los afectados manifestaron que en todo momento habían sido respetados, el mismo presidente de Hunosa declaró en sentido contrario, de forma que Magistratura de Trabajo ratificó la decisión de la empresa.
No habían pasado 24 horas cuando los pozos Barredo, Tres Amigos, Aller y Monsacro pararon en solidaridad con los tres represaliados y en el mismo Nicolasa otros seis compañeros iniciaron un encierro que duraría varios días; luego llegó la normalidad a los tajos, pero en las calles se desató una campaña de solidaridad como no se recordaba, con cientos de pintadas pidiendo su libertad.
Y entre tanto, el tiempo iba pasando en la cárcel provincial de Oviedo, y allí, conscientes de lo que significaban sus actitudes en aquellos momentos, los tres mineros mandaron a la prensa una carta denunciando que con su situación se quería escarmentar al sector más combativo del movimiento obrero y para dejar claro que no eran delincuentes comunes se negaron a realizar los trabajos que les encomendaban los funcionarios, lo que les llevó primero a la celda de castigo y seis días antes de su puesta en libertad a iniciar una huelga de hambre, que no sería la única que tendrían que abordar en su reivindicación por recuperar su puesto de trabajo.
Mientras tanto, la postura de CC OO era delicada. Por un lado se desmarcaron de la acción de los tres detenidos afirmando que ellos no podían compartir actos como retenciones de personas porque atentaban contra la libertad, pero por otro no dejaron en ningún momento de exigir su libertad y trataron inútilmente de introducir el tema de la readmisión de los tres despedidos en las negociaciones del plan de reconversión de Hunosa. Una estrategia que no era la misma del MCA ni la del denominado «Comité de solidaridad con los despedidos de Nicolasa» que defendían lo mismo pero con métodos más directos que el sindicato no podía asumir.
El 19 de enero de 1981 se hizo público que el ministerio fiscal pedía seis años y un día de prisión mayor para los tres acusados y solicitaba una indemnización de 50.000 pesetas para cada uno de los ingenieros detenidos, por daños morales y perjuicios, pero en la calificación provisional pedía a la Sala que en el caso de sentencia condenatoria se dirigiese al Gobierno «en solicitud de indulto parcial de la pena que en su día imponga a los procesados, a fin de que ésta sea reducida a un mínimo de un año y un máximo de dos de prisión».
Así se abrió un compás de espera aguardando acontecimientos, que duró hasta finales de mayo cuando, dándose cuenta de que nadie iba a mover ficha, se decidieron una serie de acciones para que el asunto no pasase al olvido. El 28 de mayo los despedidos se encadenaron en la entrada de Nicolasa y dos días más tarde bajaron hasta la iglesia de San Juan, escenario para varias protestas similares en estos años, y allí iniciaron su segunda huelga de hambre, que mantendrían en esta ocasión durante 29 días.
Allí volvieron a escribir otro comunicado conjunto en el que hicieron un llamamiento a la solidaridad de la clase obrera, conscientes de que cualquier ayuda iba a resultar necesaria para lograr su objetivo: «Nosotros solos, aunque nos muramos de hambre, nada podemos conseguir» y a la vez se lamentaban de los rumores que se habían hecho circular para desprestigiar su protesta: «Por otra parte, aun en estos días hay quien dice que es falsa nuestra huelga de hambre, que recibimos puntualmente toda clase de alimentos, que no nos falta nada?».
En ese tiempo se celebró en Mieres la semana grande de las fiestas de San Xuan que aquel año estuvieron marcadas por las muestras de solidaridad con los encerrados. El 18 de junio sus familiares se encadenaron en las oficinas de Hunosa en Oviedo y el día grande, el 24 de junio, mientras Nicolasa y Polio volvían a la huelga, 50 personas se incorporaron al encierro en el templo parroquial. 48 horas más tarde, con Barredo y Tres Amigos sumados al paro, tuvo lugar una manifestación en las calles de la villa pidiendo la readmisión en la que se contaron 5.000 participantes y se leyeron telegramas de adhesión de toda España. Aquel día ellos percibieron que había posibilidades de negociar y regresaron a casa.
Finalmente, casi un año después, el 13 de mayo de 1982 se hizo pública la condena a dos meses de arresto mayor, pero por entonces todo hacía presagiar que se avecinaban cambios en España y se abrió la esperanza de que la inminente llegada al poder de la izquierda podía solucionar de una vez el conflicto. De modo que la única medida que se tomó en aquellos meses fue presentar una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se evitó cualquier otra medida de presión en la calle.
Y hubo suerte: el 28 de octubre de 1982 el PSOE volvía a gobernar España después de 40 años, con una amplísima mayoría absoluta, ocupando 202 escaños de los 350 que tenía aquel congreso. Entonces un joven Felipe González ajeno aún al mar de corrupción que cerraría su paso por La Moncloa empezó a rodearse que altos cargos que compartían sus mismas ilusiones y el sillón de Hunosa también se movió: José Manuel Fernández Felgueroso pasó a presidir la empresa nacional de celulosas y la dirección de actividades diversas del Instituto Nacional de Industria y el 1 de marzo de 1983 tomo posesión el nuevo presidente Juan Tesoro Oliver designado por el Instituto en su primer consejo de administración.
Tenía las ideas claras y su primera decisión fue readmitir a los despedidos. En la historia de Mieres se cerraba uno de los capítulos que marcaron nuestra particular transición política.
