El Gobierno paga 85.000 euros por minero

El Ministerio de Industria gastará este año 681 millones de euros en ayudas a la minería del carbón, un sector considerado estratégico para el abastecimiento energético de España pero que apenas ha contribuido en lo que va de 2010 a la generación eléctrica puesto que las contaminantes centrales térmicas han perdido hueco en el mix de generación. Teniendo en cuenta que en España hay 7.967 mineros entre personal propio de las empresas carboneras y contratados, las subvenciones serán de más de 85.000 euros por trabajador.

Ese es el peaje que el Gobierno pagará por mantener el sector del carbón durante el presente año, un ejercicio en el que además está previsto que entre en vigor el nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, con el que Industria pretende garantizar la quema de mineral autóctono en un escenario energético en el que las renovables, con ayudas muy superiores a las del carbón, cada vez tienen más peso.

El sector de la minería recibe subvenciones del Ministerio de Industria por varias vías:

l En primer lugar están las ayudas dirigidas a cubrir las pérdidas de las empresas mineras (la diferencia entre los costes de explotación del carbón y el precio obtenido por la venta del mineral a las centrales térmicas). En este capítulo Industria prevé gastarse este año más de 315 millones de euros. Un total de 75 millones de euros serán para Hunosa, la única compañía minera pública, y los otros 240 millones de euros se los repartirán 16 empresas mineras privadas: Uminsa, Coto Minero Cantábrico, Carbonar, Carbones de Linares, Alto Bierzo, Carbones de Arlanza, Carbones del Puerto, Carbones San Isidro y María, Encasur, Compañía General Minera de Teruel, Endesa, Hijos de Baldomero García, Hullera Vasco-Leonesa, La Carbonífera del Ebro, Minera del Bajo Segre y Minera Catalano Aragonesa. No obstante, las dos primeras compañías, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso y con explotaciones en Castilla-León y Asturias, acaparan 136 millones de euros, más de la mitad de ayudas a firmas privadas.

l Industria también subvenciona a las empresas eléctricas por dos vías. Por un lado están las ayudas al almacenamiento de carbón, que son compensaciones para financiar los acopios de mineral en centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para cubrir 720 horas de funcionamiento; y por otro lado están las ayudas al transporte, que compensan el coste del traslado de carbón autóctono entre diferentes cuencas mineras. A lo largo de este año Industria pagará las ayudas correspondientes a 2009 y prevé abonar 14 millones de euros en concepto de transporte y 6,3 millones por el almacenamiento.

l Las compensaciones por el ajuste en la minería acaparan más de la mitad de las subvenciones de Industria al sector del carbón. En concreto, el Ministerio, en su plan anual integrado de subvenciones para 2010, tiene presupuestados 335 millones de euros para ayudas por prejubilaciones en las empresas mineras y otros 10 millones destinados a compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción.

Todas estas ayudas al sector, a las que habría que añadir otras menores como por ejemplo las destinadas al pago del vale del carbón, suman más de 681 millones de euros. Teniendo en cuenta que en la minería trabajan 7.967 personas (5.421 como personal propio de las minas y 2.546 contratados según los datos aportados por Industria en la comisión de seguimiento del plan minero en septiembre de 2009), las subvenciones por trabajador superan los 85.000 euros.

Además, vinculadas a las ayudas al ajuste del sector, están los fondos dedicados a la reactivación de las comarcas mineras (las partidas para infraestructuras, proyectos empresariales y formación) para los que Industria tiene presupuestados este año 579 millones de euros. Si se suman esas ayudas a las destinadas al sector la cifra se eleva a 1.261 millones de euros, lo que supone 159.287 euros por minero.

En el actual contexto de crisis económica (con recortes de inversiones en diferentes Ministerios) y energético (con una caída de la producción eléctrica con carbón) comienzan a escucharse las voces críticas con las ayudas al sector y de rebote los ataques se dirigen al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su compromiso con el carbón rubricado en la fiesta minera astur-leonesa de Rodiezmo, que organiza el sindicato SOMA-FIA-UGT. «Se está intentando demonizar al carbón, pero en estos momentos no hay una sola fuente de energía que tenga un coste menor, por las razones que sean, y hay que tener en cuenta el volumen de empleo que genera es muy superior al que pueda aportar un parque eólico, un parque solar o un ciclo combinado», señaló José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-FIA-UGT, durante una rueda de prensa celebrada en Mieres en la que defendió el papel del carbón dentro de un mix energético diversificado con una apuesta por la combustión limpia y la captura de CO2. «Hay determinados lobbies que tienen intereses contrapuestos al carbón y que están ejerciendo presión. El carbón es un sector estratégico para el país, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas eléctricas ya tiene capital extranjero», señaló Maximino García, secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Asturias.

La combustión limpia aún sigue siendo un eufemismo a la espera de que se desarrolle la tecnología que lo garantice y este año el consumo de carbón para generación eléctrica ha marcado mínimos históricos (por ejemplo, en el mes de marzo sólo cubrió el 3,7% de la demanda según los datos que maneja Red Eléctrica de España) al aumentar, sobre todo, la producción con renovables (principalmente con eólica), unas fuentes verdaderamente limpias pero que reciben ayudas muy superiores a las del carbón y que ahora el Gobierno pretende recortar.

Industria prepara una regulación de las renovables para evitar que su crecimiento dispare la tarifa eléctrica (es la energía más cara y la que tiene prioridad para cubrir la demanda) y al mismo tiempo pondrá en marcha un mecanismo para garantizar que se consuma el mineral subvencionado y que las minas del país puedan vender toda la producción pactada en el plan del carbón. Ese mecanismo es el real decreto de restricciones por garantía de suministro, el conocido como incentivo al carbón, que fue aprobado en febrero pero que aún no ha entrado en vigor a la espera del visto bueno definitivo de la UE y que ahora ha sido recurrido por varias empresas eléctricas. La medida fue acordada en noviembre del pasado año y meses antes el Gobierno había encomendado a Hunosa la compra de mineral excedente de las minas privadas ya que las térmicas habían dejado de adquirirlo al tener sus parques de almacenamiento llenos. Hunosa empleó 200 millones de fondos públicos en la compra de mineral subvencionado que ahora tiene almacenado a la espera de que entre en vigor el real decreto para darle salida.

El Gobierno está realizando todos estos equilibrios de costes millonarios para mantener su apuesta por el incremento de las energías renovables y al mismo tiempo sostener el sector carbonero. El empeño por cumplir con el protocolo de Kioto y al mismo tiempo con los compromisos de Rodiezmo.