Madrid, Modem Press

La Unión Europea abordará hoy el análisis y posible aprobación del real decreto que prima la producción eléctrica con carbón. La habitual reunión semanal del Colegio de Comisarios (el equivalente al Consejo de Ministros en España) estudiará el documento elaborado por el comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, con la recomendación de su aprobación. El dictamen recoge la norma creada por el Ministerio de Industria para garantizar el consumo de los diez millones de toneladas de mineral de las explotaciones españolas.

En principio, el dictamen elaborado por la Dirección de la Competencia será favorable a dar vía libre a las ayudas a las diez centrales térmicas españolas que quemarán carbón autóctono, toda vez que considera el departamento de Joaquín Almunia que las primas que dará el Gobierno español se ajustan a la legislación comunitaria que permite dar fondos públicos hasta un máximo del 15% de la electricidad generada por cada país miembro, siempre que ésta se produzca con fuentes de energía autóctonas.

Así se lo comunicó, extraoficialmente, la propia Dirección de la Competencia al Ministerio de Industria el pasado mes de marzo. Entonces, Bruselas declaró las ayudas compatibles a las leyes europeas, pero exigió a Madrid retirar el anexo tres del real decreto en el que se establecían compensaciones para las centrales, principalmente las de ciclo combinado de gas, fuel y carbón de importación, por el denominado «lucro cesante», el beneficio que dejarían de percibir.

Industria eliminó este apartado lo que hizo levantarse en pie de guerra a las empresas eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y HC Energía), que interpusieron demandas contra la ley ante el Tribunal Supremo, y a la patronal del gas Sedigas, que incluso envió una carta a la Comisión Europea contra la aprobación del real decreto al considerar que perjudicaba seriamente sus intereses. Igualmente, otros organismos, como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y el Consejo de Estado, han manifestado oficialmente sus críticas al mecanismo que en su día, el pasado 23 de octubre, pactaron Gobierno, empresarios y sindicatos del sector minero.

Pese a las críticas, el Gobierno español siguió adelante con la tramitación del real decreto, aprobado en primera instancia el pasado mes de febrero a expensas del plácet de Bruselas, y que ahora, una vez que el Ejecutivo español ha introducido las modificaciones que exigían tanto la Unión Europea como Red Eléctrica, tiene ya adaptados sus sistemas informáticos a la nueva situación, sólo espera el «ok» final de Bruselas para ser aprobado de manera definitiva por el Consejo de Ministros.

El dictamen favorable de la Dirección de la Competencia deberá pasar sin embargo el filtro del Colegio de Comisarios, órgano en el que se sientan algunos «ministros» europeos abiertamente contrarios al mantenimiento de las ayudas públicas al carbón, como son la responsable de Acción por el Clima, la danesa Connie Hedegaard, el de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik o el de Energía, el alemán Gunther Oettinger. Éste, durante su comparecencia el pasado mes de enero ante el Parlamento europeo, en el habitual «examen» que la Cámara europea realiza a los nuevos comisarios, se comprometió a tomar medidas concretas para lograr en 2020 objetivos comunitarios como el llamado «20-20-20»: 20% menos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), 20% de mejora en eficiencia energética y 20% de renovables. Sería, sin embargo, extraño que un dictamen que viene avalado por Joaquín Almunia, comisario de la Competencia y vicepresidente de la Comisión, fuera «tumbado» por el resto de sus compañeros de gabinete.

Mientras, el sector, a la espera de las noticias de hoy en comienza a impacientarse. El real decreto significará un auténtico salvavidas para la minería española. El parche que supuso, hasta el mes de febrero, la compra de la producción de las empresas privadas por parte de Hunosa finalizó tras la negativa del Ministerio de Economía a seguir aportando más fondos y el adelanto de las ayudas al funcionamiento que recibieron las empresas el pasado mes de mayo sólo garantizaba la liquidez de las mismas hasta el mes de agosto.

Así, si hoy Bruselas da el visto bueno al real decreto, éste podría ser aprobado por el Gobierno español en el Consejo de Ministros del viernes 9 de julio, previo paso del texto por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con lo que podría estar operativo a mediados del próximo mes, siempre con la espada de Damocles del inhábil mes de agosto encima.