Madrid / Zaragoza / Mieres,

Modem Press / P. C.

«Quiero mandarles a los mineros un mensaje de confianza y de tranquilidad. Vamos a solucionar esta situación». Así de confiado sobre el futuro de la minería se mostró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el mitin celebrado ayer en Zaragoza para arropar a la candidata del PSOE de Aragón a la Presidencia del Gobierno autónomo, Eva Almunia. Zapatero aseguró que esa solución a la crisis minera llegará con el «respaldo» de la propia Unión Europea y reiteró su compromiso con el sector: «Fijaos si a mí el carbón me importa; es en mi tierra y en Asturias donde más mineros del carbón hay y conozco muy bien la problemática, los retos y los riesgos».

El presidente del Gobierno afirmó que «no voy a entrar (a decir) de quién dependen los problemas» en el sector e insistió en que lo importante es garantizar su viabilidad. «Vamos a solucionar esta situación y por supuesto vamos a tener un marco, con respaldo de la Unión Europea, para poder seguir llevando adelante una política de ayudas pero también pensando en el futuro. Ese futuro está en ser capaces, a través de la investigación, de la innovación, de poder evitar que el carbón genere tanto dióxido de carbono y pueda ser una fuente de energía más limpia, más rentable y que sirva a los intereses energéticos de nuestro país; ahí está el reto».

Las palabras de Zapatero llegan a las puertas de una semana que hoy comienza y que será clave para la posible resolución del conflicto que afecta a casi 8.000 mineros. El miércoles, coincidiendo con la huelga general y con el tercer día de paro total previsto en las explotaciones carboneras del país, es la fecha en la que el Ministerio de Industria espera que la Comisión Europea apruebe los incentivos al carbón. El Gobierno incluso está acelerando estos días sus contactos con la Comisión con el objeto de convencer a los comisarios aún reticentes a aprobar el mecanismo ideado para garantizar el consumo de las diez millones de toneladas de mineral que se producen anualmente en España. En este contexto se enmarca el viaje que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, realizará mañana a Bruselas, donde se entrevistará con varios de los comisarios con el fin de allanar el camino a la aprobación de un real decreto que lleva nueve meses en manos de la Comisión sin que termine de darle el visto bueno. Los sindicalistas encerrados y en huelga de hambre en la sede del Ministerio en Madrid vienen calificando de «crucial» esta semana y el titular de Industria señaló en varias ocasiones que si el miércoles el colegio de comisarios da su visto bueno «todo el conflicto comenzará a desbloquearse».

Una pista sobre las intenciones del gabinete presidido por el portugués José Manuel Durao Barroso se tendrá hoy mismo cuando los jefes de gabinete de los veintisiete comisarios fijen la agenda para la reunión del miércoles. Si el real decreto es incluido en la agenda A, la de los asuntos sobre los que existe consenso y que serán aprobados con total seguridad por el colegio, el camino estará trillado. Pero si este consenso continúa sin darse, y el viernes era aún muy dudoso, el real decreto continuaría en la agenda B, la de los asuntos a discutir y sobre los que no hay seguridad de aprobación. Seguiría, de esta forma, en el mismo lugar del orden del día en el que estaba el 20 de julio cuando el colegio de comisarios decidió posponer su decisión hasta septiembre. La relación de fuerzas se inclina ahora mismo ligeramente hacia la aprobación del real decreto -avalado por el propio Durao Barroso; el Vicepresidente y Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia; o el de Energía, el alemán Gunther Oettinger-, aunque en el colegio de comisarios las decisiones no se aprueban por mayoría sino por consenso. Aquí entran en juego los comisarios reticentes, a los que el ministro tratará de convencer, principalmente a los escandinavos y aquellos que se encuentran al frente de las comisarías «verdes», como las de Medio Ambiente o Cambio Climático.

Si Bruselas da finalmente su visto bueno al decreto el Consejo de Ministros del Ejecutivo español aprobará definitivamente la normativa el próximo viernes, 1 de octubre.