La Audiencia Nacional ha decidido mantener la suspensión de la obligación de las eléctricas de presentar cartas con compromisos de compra de carbón nacional, hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre la petición de suspender cautelarmente el decreto que incentiva el uso de este mineral.

El viernes de la semana pasada, la Audiencia Nacional suspendió de forma "cautelarísima" (sin escuchar a las partes) la obligación de presentar las citadas cartas, decisión que ha decidido mantener tras las vistas celebradas el miércoles y en las que las eléctricas y la Abogacía del Estado expresaron sus argumentos a favor y en contra de la medida.

Iberdrola, Endesa y Gas Natural impugnaron ante este tribunal la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Las eléctricas pidieron el mantenimiento de las "cautelarísimas" mientras la Audiencia Nacional resolvía sobre las cautelares solicitadas en sus respectivos recursos, lo que podría llevar entre 20 días o un mes; o hasta que el Tribunal Supremo, ante el que han recurrido el decreto de carbón, les conceda o no su petición de suspender cautelarmente la norma, lo que puede llevar dos meses.

Según informaron hoy fuentes judiciales, la Audiencia Nacional ha optado por esta segunda opción.

La decisión de la Audiencia llega dos días después de que el Tribunal de la Unión Europea acordara suspender de forma cautelar la autorización por parte de la Comisión Europea la concesión de compensaciones a las centrales que usan carbón autóctono para producir electricidad.

Durante las vistas del miércoles, el abogado del Estado explicó que el Gobierno había decidido aplazar la puesta en marcha del mecanismo previsto para dar prioridad al uso de carbón nacional para la generación de electricidad (mediante el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro), que estaba previsto que comenzara a funcionar el 1 de noviembre.

El letrado explicó que el aplazamientos se había decido "por prudencia" y mientras la Audiencia decidía sobre las "cautelarísimas".

Las eléctricas entienden que el decreto perjudica a las centrales que funciona con carbón importado y gas natural (ciclos combinados), al tiempo que distorsiona el mercado eléctrico y sólo persigue defender el interés de las empresas mineras en lugar de garantizar el suministro. EFE