Industria plantea a los sindicatos un plan para cerrar las minas en 2018 y sin fondos mineros

El nuevo plan de la minería tendrá como objetivo su cierre en 2018, sin margen de prórrogas, y apenas habrá más ayudas para la reactivación de las Cuencas. En el aire quedan los fondos aún pendientes de gastar. Este es el negro horizonte anunciado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, a los máximos responsables estatales de FITAG-UGT y CC OO, en una reunión celebrada a principios de mayo, en Madrid. Los sindicatos rechazan de plano la posición del Gobierno central.

La hoja de ruta del Ministerio de Industria ante el inminente comienzo de la negociación de un nuevo Plan del Carbón pasa por asumir los planteamientos de la nueva «decisión» para el sector aprobada, el pasado diez de diciembre, por la Unión Europea: el cierre de las minas que no sean competitivas en 2018; en el caso de Asturias, casi todas, incluidos los pozos de Hunosa. Además, se reducirá de forma considerable el dinero destinado a la reactivación de las comarcas, hasta tal punto que los fondos mineros, tal y como los conocemos hoy, desaparecerían, principalmente los destinados a infraestructuras, y sólo se concedería algún tipo de ayuda dirigida a la creación de empleo y a la atracción de empresas para las Cuencas.

Este planteamiento, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, lo puso sobre la mesa el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián cuando, en la primera semana de mayo, se reunió con los secretarios generales de FITAG-UGT, Antonio Deusa, y de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Felipe López. Ambos mostraron su total rechazo a la posición anunciada por Sebastián y dejaron bien claro que si el Gobierno no modifica sus posiciones el acuerdo será imposible.

Los líderes sindicales, sorprendidos por que Sebastián les ofreciera un planteamiento tan negativo para el sector y sin apenas margen de maniobra, a diez meses de las próximas elecciones generales (si no hay adelantos), le lanzaron una contrapropuesta: Deusa y López exigieron un plan minero que dé estabilidad al sector, no fije una fecha de cierre y mantenga la producción en base al concepto de reserva estratégica que existía en el reglamento 1407 de la UE y que fue modificado en la decisión que adoptaron los veintisiete estados el pasado diciembre en Bruselas.

Incluso llegaron a plantear al Ministro que esperase un año para que fuera el próximo Gobierno, que podría ser del PP, quien asumiese el futuro del sector. Miguel Sebastián se habría negado aduciendo la responsabilidad institucional que España tiene con la Unión Europea. El Ministro, quien también dejó clara su intención de firmar este nuevo plan de cierre antes del fin de la legislatura, sostuvo que su decisión se apoya en la adoptada el pasado diciembre por el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, que sólo permite ayudas al cierre de las empresas y fija además una drástica reducción de las subvenciones. De hecho, el reglamento europeo vigente estipula en uno de sus artículos que, en el año 2013, las ayudas a las empresas se deben de reducir no menos de un 25%, un 40% en 2015, un 60% en 2016, y un 75% en 2017, hasta desaparecer totalmente a finales de 2018.

Los dos líderes sindicales incidieron igualmente en la necesidad de continuar con los planes de reactivación de las Cuencas, aunque estuvieron de acuerdo con el Ministro en que los esfuerzos y el dinero, deben de ir dirigidos a la creación de empleo y ya no tanto a las infraestructuras, como ha venido sucediendo hasta ahora tanto en el Plan 1998-2005, como en el actual 2006-2012.

Sebastián explicó que la situación de las cuentas públicas y la inaplazable reducción del déficit a la que están obligados los países de la Unión Europea impiden totalmente que, en el nuevo plan, se pueda disponer de un volumen de recursos para la reactivación similar al que hubo desde 1998 (un billón de las antiguas pesetas) por lo que la cantidad que finalmente esté disponible, y que el Ministro no quiso especificar en la reunión, debe de ir dirigida casi exclusivamente a la creación de empleo.

Pese a estos planteamientos iniciales totalmente contrapuestos, Sebastián, López y Deusa acordaron, como pocos días después -el diez de mayo- ratificó formalmente la Comisión de Seguimiento del Plan 2006-2012, poner en marcha el grupo de trabajo que irá desbrozando el camino y poniendo las bases negociadores para un posible nuevo plan.

Ahora que LA NUEVA ESPAÑA desvela la celebración de este encuentro y su contenido, cobran sentido algunas de las declaraciones que los dirigentes sindicales han ido realizando a lo largo de este mes de mayo. En la citada reunión de la Comisión de Seguimiento, los responsables de minería de los dos sindicatos mayoritarios del sector, Juan Carlos Álvarez Liébana y Víctor Fernández, dejaron claro que «no aceptaremos un plan de cierre y exigimos que se modifique la decisión de la UE y recuperar de esta manera el concepto de ayudas a la producción y no al cierre». Incluso, el secretario de minería de FITAG-UGT, Víctor Fernández, lanzó entonces una advertencia que ahora se entiende en toda su extensión. «No vamos a permitir», dijo Fernández, «que el PP firmara la reserva estratégica en su día y nuestro partido firme lo contrario, el cierre», en alusión al PSOE.

Sin embargo, en mayo, y al albur de la campaña electoral, se han sucedido los pronunciamientos públicos por parte de Miguel Sebastián en el sentido de que España y Europa no pueden prescindir el carbón y que la UE debería de replantearse el mantener la vida del sector minero más allá del 2018 para lo que el Gobierno español «dará la batalla».