Madrid, E. P.
Un total de 97 detenidos y 116 agentes heridos. Este es el balance definitivo de las protestas en defensa del sector del carbón que tuvieron lugar entre mayo y julio en las comarcas mineras y de la manifestación que supuso el punto final de la Marcha Negra en Madrid y que provocó altercados en la capital de España.
Los datos fueron facilitados por el Gobierno al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien solicitó información sobre el número de detenidos y heridos en esas movilizaciones contra los recortes en el sector. El diputado también quería conocer el coste del despliegue policial. Sin embargo, en la respuesta parlamentaria, sólo se apunta que los únicos gastos extraordinarios que hubo del personal fueron las dietas de los efectivos desplazados. Tampoco da cuenta del coste de los medios antidisturbios y otros tipo de material utilizado porque, dice, «no puede cuantificarse».
Sí detalla el Gobierno el número de detenciones que se efectuaron desde el inicio del conflicto, 97, y del número de agentes que resultaron lesionados durante los disturbios: 32 guardias civiles y 84 policías, en su mayoría, recalca, «por impacto de objetos contundentes lanzados por manifestantes y por piquetes que obstruían vías de comunicación con barricadas incendiadas». Además, los agentes instruyeron 67 atestados y 211 denuncias administrativas. En su contestación, el Ejecutivo también subraya que todas las intervenciones policiales que tuvieron lugar se adecuaron «al principio de proporcionalidad en el empleo de efectivos y medios». «La actuación se ha dirigido a proteger los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, previniendo altercados y garantizado el funcionamiento de transportes y servicios, así como la libre circulación por las vías públicas, respetando el legítimo derecho a la huelga en el sector de la minería», añade.
