Langreo / Mieres, D. MONTAÑÉS / M. ANTUÑA

El «caso del carbón desparecido» va camino de convertirse en unos de los mayores escándalos de la minería. El fraude, si se llega a confirmar, podría alcanzar los 45 millones de euros si, finalmente, se determina que faltan 500.000 toneladas del Almacén Estratégico Temporal de Carbón ((AETC). Hunosa, encargada de gestionarlo, y el empresario leonés Victorino Alonso, a quien se fió la custodia en sus propios parques de mineral, se enfrentan ahora para dilucidar si el carbón desapreció y hubo fraude, o todo se debe a un problema de mermas en las pilas por la lluvia o el viento. El Grupo Alonso ya ha presentado la primera denuncia contra la hullera pública. Los abogados del estado ultiman la estrategia judicial que pueda emprender Hunosa, con el respaldo del Gobierno de Rajoy. Pero, ¿por qué se creó el almacén? ¿Qué acusaciones se cruzan? ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora el conflicto entre los gigantes de la minería? A esto interrogantes intenta responder este informe.

l ¿Cuáles son los antecedentes del conflicto?

La minería de carbón española estaba en 2009 asfixiada. La crisis había hecho descender el consumo eléctrico, por lo que las térmicas necesitaban quemar menos mineral. Además, las energías renovables pujaban al alza con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero insuflándoles viento en las velas a base de subvenciones. El citado año, las llamadas energías limpias recibieron 6.200 millones de euros en ayudas. Paralelamente, se querían cerrar las centrales nucleares y la política energética se ejecutaba a bandazos. La endiablada espiral llevaba al sector minero a la quiebra. España carecía de un plan energético y las familias cada vez pagaban facturas de luz más altas, mientras el Estado asistía impotente al incremento del polémico déficit tarifario, la deuda adquirida con las eléctricas para compensar el coste de producción y los precios de venta, que ahora alcanza los 25.000 millones.

l ¿Por qué las centrales no quemaban carbón español?

El consumo eléctrico había caído, la producción de las térmicas también y, en aquel momento, comprar el mineral de importación era mucho más barato.

l ¿Qué consecuencias tenía para el sector minero?

Las empresas privadas comenzaron a plantear expedientes de regulación de empleo y en sus parques el carbón se almacenaba por decenas de miles de toneladas. La producción no tenía salida, porque las térmicas no lo quemaban.

l¿Qué soluciones buscó el por entonces Gobierno de Zapatero?

Con las minas privadas en pie de guerra, el Gobierno se sacó un as de la manga, que muchos vieron como una jugada muy arriesgada, incluso tramposa. Mientras se buscaba una solución para que las térmicas volviesen a quemar carbón nacional, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2009 la creación del Almacén Estratégico Temporal de Carbón ((AETC). Se trataba de una medida transitoria, a través de la cual la empresa minera pública Hunosa tenía, primero, que comprar la producción de carbón de las compañías privadas, almacenarlo y, posteriormente, ponerlo en el mercado y venderlo. Este encargo se realizó en previsión de que el Ejecutivo central elaborase un Real Decreto que incentivase el consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas, un mecanismo finalmente aprobado el 12 de febrero de 2010 y con vigencia hasta finales de 2014.

l ¿Qué problemas surgieron con el almacén público?

Uno de los problemas de este almacenamiento temporal de carbón era que Hunosa carecía de instalaciones suficientes para poder acumular tantos miles de toneladas. El mineral comenzó a amontonase sin destino en las dependencias de las compañías privadas. Se tomó entonces otra decisión que generó desconcierto. El Gobierno socialista encargó al empresario Victorino Alonso, presidente hasta hace unos meses de la patronal de la minería, Carbunión, y principal propietario de minas privadas del país, que asumiera la custodia de su propia aportación al almacén. Hunosa le seguiría comprando el carbón, pero el mineral se quedaría en depósitos de Uminsa y Coto Minero Cantábrico, previamente establecidos. La empresa pública le pagaría además un alquiler. Se hablaba de un millón de euros al año, cifra no confirmada. Cuando el Real Decreto que primaba la producción eléctrica con carbón nacional entró en vigor, Hunosa dejó de adquirir el mineral, pero siguió siendo la responsable de gestionar y controlar el almacenamiento del carbón de todas las compañías de España. Debía de hacer un seguimiento al mineral custodiado por el Grupo Alonso.

l ¿Fue una medida bien recibida?

La decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de poner en manos de Victorino Alonso la custodia de parte del Almacén Estratégico Temporal de Carbón generó más escepticismo que aprobación. En las direcciones de los dos grandes sindicatos -SOMA-FITAG-UGT y CC OO- la decisión no gustó, pero no hicieron público su descontento. Hunosa tampoco aplaudió la medida, impuesta desde el Ministerio de Industria a través de la SEPI.

l ¿Hunosa se veía afectada por el parón del consumo?

No, la venta de toda su producción estaba garantizada mediante un contrato en exclusiva con Hidroeléctrica del cantábrico. Si afectarle el problema, debía asistir a las minas privadas.

l ¿Cuánto carbón llegó a almacenarse?

Cifras oficiales no hay y las que se han ofrecido oscilan, según las versiones. La más fiable es que alcanzara los 3 millones de toneladas en momentos de máximo acopio. Hay quien sostiene llegó a haber 5.000 toneladas.

l ¿Cuándo empezaron los controles?

Durante la recta final del mandato de Juan Ramón Secades como presidente de Hunosa se realizaron las primeras inspecciones en los parques de Victorino Alonso. Pero no se detectaron anomalías, según confirmaron fuentes de su equipo directivo. Si las hubo, no se hicieron públicas. Tras el triunfo electoral del PP, María Teresa Mallada tomó el relevo, en marzo de 2012, al frente de la hullera. En abril encargó una primera inspección, pero no se pudo realizar debido a que comenzó la conflictividad laboral en el sector que desembocó en la última gran huelga minera, que se prolongó hasta agosto.

l ¿Cómo se realizan las mediciones?

Se decidió que las toneladas se calcularían por mediciones de volumen y no directamente por peso. El control de la calidad del carbón pasó a ser casi una quimera. Se estableció una merma del 2 por ciento, asumiendo que la lluvia y el viento se llevarían parte de los depósitos.

l ¿Cuándo se detectaron los primeros desfases?

En septiembre de 2012 se detectó por primera vez que faltaba carbón en las instalaciones del Grupo Alonso. Hunosa les comunicó este desfase y se llegó a un acuerdo para que el mineral fuera repuesto. Uminsa y Coto Minero Cantábrico esgrimieron desde un primer momento un incremento de las mermas pactadas como la causa del desequilibrio. Incluso planteó una merma del 8% y superior.

l ¿Cuántos controles hubo?

El actual equipo de Hunosa, dirigido por María Teresa Mallada, ha realizado hasta cuatro inspecciones, al menos una de ellas por una empresa privada. En cada una el desfase ha sido mayor. El último control se realizó el 5 de febrero.

l ¿Qué desfase había?

Los informes periciales encargados por Hunosa para esclarecer cuánto mineral bajo custodia de Victorino Alonso desapareció del almacén estiman que hay un desfase de 500.000 toneladas valoradas en 45 millones de euros. Según las pesquisas, 200.000 toneladas están en paradero desconocido, pero de otras 300.000 toneladas se sospecha que hayan podido ser vendidas dos veces, una a Hunosa y otra a Endesa.

l ¿Qué alega el Grupo Alonso?

La dirección del Grupo Alonso acepta que puedan haber desaparecido miles de toneladas de carbón de sus parques al aire libre. Ahora bien, culpan a las abundante lluvias registradas entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, que provocaron un «colapso» en el almacén. «Ese año hidrológico, según la Agencia Estatal de Meteorología, se superó en un 25 por ciento la media de precipitaciones», señalaron los portavoces de Uminsa y Coto Minero Cantábrico. Las empresas sostienen que gracias a su «diligencia» se evitó una «catástrofe». Y añadieron: «Las pérdidas y mermas por la escorrentía que se sufrieron en aquellos momentos son muy difíciles de calcular».

l ¿Es posible una merma de esta magnitud?

Los expertos no ven creíble que se puedan perder cientos de miles de toneladas de carbón en un almacén no superior a los tres millones de toneladas. La reducción de 200.000 toneladas que el grupo Alonso achaca a mermas ocasionadas por las inclemencias meteorológicas necesitarían de unos 5.000 camiones para ser transportadas. «Resulta más que improbable que se pueda producir una pérdida de esta magnitud por compactación y erosión», señaló el Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias, Fernando Hernández.

l ¿Qué opinan los sindicatos?

José Daniel Rodríguez (SOMA-FITAG-UGT) y Juan Carlos Álvarez Liébana (CC OO) afirmaron «no tener notificación oficial de la pérdida de este carbón». Dicho esto, ambos coincidieron en que «este caso debe esclarecerse cuanto antes». Hunosa ha convocado para la próxima semana un Consejo de Administración Extraordinario para explicar las medidas tomadas y las que se puedan adoptar contra Victorino Alonso. hasta entonces, la hullera guarda oficialmente silencio.

l ¿Y los partidos políticos?

PSOE e IU han exigido a la dirección de Hunosa que aclare cuanto antes la desaparición del carbón. Las direcciones regionales de ambas formaciones políticas coinciden en señalar que se debe «investigar en profundidad» para, posteriormente, «dar las explicaciones oportunas». Además, reclaman que se actúe con «contundencia» en el supuesto de que se aprecie que ha habido conducta delictiva. IU ya ha preguntado al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado por este presunto fraude carbonero.

l ¿Qué ha hecho el Gobierno de Rajoy?

El Gobierno central ha intentado acorralar al Grupo Alonso dejándole claro que, de no reponer las 500.000 toneladas de hulla, el Ministerio de Industria intentará, a través de todos los medios legales a su alcance, bloquear el pago de las ayudas empresariales de 2012 que Uminsa y Coto Minero Cantábrico aún no han percibido, unos 49 millones. La decisión está avalada desde la misma cúpula del Consejo de Ministros. La Vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respaldado sin fisuras los pasos dados por el ministro José Manuel Soria. Es más, fuentes del Partido Popular consultadas por este diario señalaron que esta estrategia ha sido incluso diseñada por la propia Sáenz de Santamaría.

l ¿Por qué ha intervenido la Vicepresidenta del Gobierno?

Sáenz de Santamaría no tiene intención de pasarle una a Victorino Alonso. Su «enemistad» viene de lejos. En 1998, con 27 años, fue destinada a León como abogada del Estado. Por aquel entonces, Alonso estaba inmerso en un fragoso proceso civil por un fraude en la calidad del carbón suministrado a Unión Fenosa (Gas Natural). La denuncia de la eléctrica acabó en el Tribunal Supremo, que condenó finalmente al empresario leonés al pago de 13 millones de euros. Los recelos de Sáenz de Santamaría son públicos. El pasado año, durante una reunión con reconocidos industriales, ya dijo que no era partidaria de inyectar más dinero público a empresas privadas de la minería. Se daba por sentado que se refería a Alonso.

l ¿Qué medidas ha adoptado el Grupo Alonso?

Las empresas mineras Uminsa y CMC han presentado en el juzgado número 5 de Oviedo una demanda contra Hunosa por «incumplimiento de contrato». Acusan a la compañía pública de pedir a las empresas eléctricas y al Instituto del carbón que congelen los pagos y subvenciones que el grupo tiene pendientes de cobrar.

l ¿Qué hace Hunosa?

La Sociedad Pública de Participaciones Industriales (Sepi), propietaria de Hunosa, ya ha informado de su intención de llevar al Grupo Alonso ante los Tribunales. La dirección de Hunosa reunirá la próxima semana a su Consejo de Administración para informar de las medidas adoptadas antes de hacerlas públicas.

l ¿Cuál es la última jugada del Grupo Alonso?

El conglomerado empresarial, tras una semana de polémica por la desaparición del carbón, afirma ahora que tiene 648.000 toneladas de hulla a disposición del Almacén Estratégico Temporal de Carbón. Este mineral se encuentra, al menos en parte, en depósitos que no forman parte de este almacén público.