La dirección de Hunosa anunció ayer que va presentar una querella criminal contra el grupo Alonso por estafa y apropiación indebida de mineral del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) que gestiona la empresa estatal minera. Hunosa ha detectado un desfase de más de 528.000 toneladas de mineral en el almacén valoradas en 46 millones de euros.

Los servicios jurídicos de Hunosa aún no han cerrado la querella criminal a la espera de reunir toda la documentación necesaria, de la conclusión de un informe de un perito independiente sobre parte del mineral desaparecido y de que se concrete el montante total de la presunta estafa. De momento, lo que sí ha hecho Hunosa es activar las garantías contractuales para tratar de recuperar 26 millones de euros detrayéndolos de las ayudas estatales que recibe el grupo Alonso, según explicó ayer en Oviedo María Teresa Mallada, presidenta de la compañía estatal minera, durante una rueda de presan de más de un hora de duración.

Mallada señaló que Hunosa «está dispuesta a llegar a donde sea» para aclarar la desaparición de las 528.000 toneladas de carbón almacenadas en instalaciones del grupo Alonso. «Nuestro deber es defender los intereses de la empresa y el buen destino del dinero público», afirmó Mallada, quien aclaró que los contratos firmados con el grupo Alonso dejaban claro que el mineral adquirido debía estar en todo momento en los parques acordados y que por ello se abonaba un alquiler por tonelada.

La presidenta de Hunosa, acompañada del secretario general de la empresa, Juan José Fernández; el director de Minería, Jesús Fernández, y del director de Recursos Humanos, Enrique Hevia, quiso destacar «el control exhaustivo» que la empresa estatal ha realizado del mineral del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) a pesar de la desaparición de cientos de miles de toneladas. Mallada señaló que el AETC fue creado por el Gobierno en julio de 2009 con el fin de comprar, almacenar y posteriormente vender el carbón que en ese momento no adquirían las eléctricas. Apuntó que Hunosa firmó un total de 15 contratos con nueve empresas mineras (cuatro con Uminsa, dos con Coto Minero Cantábrico, dos con Hullera Vasco-Leonesa, dos con Encasur y uno con Carbonar, Alto Bierzo, Carbones Arlanza, Hijos de Baldomero García y Carbones San Isidro) y posteriormente varias adendas. En total, Hunosa compró 3.027.869 toneladas y se acordaron una veintena de emplazamientos para almacenarlo en León, Asturias y Palencia propiedad de las empresas productoras. «La mitad de esos emplazamientos eran propiedad de Uminsa y Coto Minero Cantábrico», destacó Mallada en referencia a las dos empresas mineras del grupo propiedad del leonés Victorino Alonso. «En todos los controles que ha llevado a cabo Hunosa solo se han detectado desfases en los almacenes de Uminsa y Coto Minero Cantábrico, ninguno en el resto de empresas», afirmó la presidenta de Hunosa.

Mallada explicó que en los años 2009, 2010 y 2011 se efectuaron un total ocho controles en los emplazamientos del AETC sin que se detectaran desfases entre las certificaciones mensuales que presentaban las empresas y las mediciones de Hunosa. Esos trabajos de control, que duran unos 30 días, los realizaba la empresa Sadim, propiedad de Hunosa, y consistían en una medición volumétrica de las pilas de carbón mediante levantamiento topográfico, un control de calidad para comprobar las densidades, un análisis de muestras en el laboratorio del lavadero de El Batán de Hunosa (en el que se comprobaba la humedad, contenido de azufre, poder calorífico?) y la introducción de todos los datos en un sistema informático específico para compararlos con los que certifican las empresas.

Cuando la actual dirección de Hunosa tomó posesión en marzo del pasado año, el contrato con Sadim para los controles había expirado (el último control se había efectuado en septiembre de 2011) y los trámites para prolongarlo no concluyeron hasta mayo. En ese mes se iniciaron los trabajos para un nuevo control, pero el conflicto en la minería, con una huelga que se prolongó hasta julio, impidió que se efectuaran las mediciones hasta finales de agosto. En septiembre concluyó el control y Hunosa detectó la falta de 205.228 toneladas en los almacenes de Coto Minero Cantábrico y Uminsa, donde deberían estar 1.398.904 toneladas, señaló Mallada con las certificaciones de la empresa de agosto de 2012 en la mano. «El 27 de septiembre pusimos en conocimiento de la SEPI la situación y realizamos un requerimiento verbal a Victorino Alonso para que aclarara el desfase y repusiera el carbón», señaló Mallada, que añadió que Alonso reclamó una nueva medición alegando que había pilas del AETC que no habían sido medidas.

Mallada: «El mineral depositado no se podía mover, lo dice el contrato»

La hullera acordó con Uminsa y Coto Minero unas mermas naturales del 2%, el doble de las que fijan las eléctricas

Oviedo, P. C.

La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, destacó que en los contratos firmados con los empresas del grupo Alonso se pactó una merma natural en las pilas de carbón almacenadas de un 2%, «un porcentaje superior al que se firma habitualmente con las eléctricas, que es del 1%». Además, Mallada puntualizó que hasta que se detectó el desfase en septiembre nunca antes el grupo Alonso había advertido de mermas superiores a lo pactado.

Con esa declaración, Mallada rebatía los argumentos del grupo Alonso, que llegó a señalar que había mermas naturales por escorrentía de hasta el 10%. «No hubo condiciones meteorológicas excepcionales. Pero bueno, primero argumentaron que había mermas naturales, luego que repondrían el carbón desaparecido y después que el mineral estaba en otros emplazamientos», afirmó con ironía Mallada, que señaló que el grupo Alonso no podía utilizar el carbón almacenado en el AETC, «ni moverlo, lo decía el contrato». «Estábamos pagando un alquiler para almacenar ese carbón», destacó Mallada, que puso como ejemplo el depósito de Cubillos, junto a la térmica de Compostilla, donde Hunosa pagaba 3,30 euros por acopio y desacopio de tonelada de carbón, 1,8 euros al año por tonelada almacenada y 1 euro por tonelada transportada.