Mieres / Langreo,

Andrés VELASCO

No por esperado se hace más fácil de digerir. El sector de carbón sufrió ayer un nuevo golpe directo a su línea de flotación tras el recurso presentado por la eléctrica Endesa contra la modificación del real decreto del carbón que obliga a las eléctricas a comprar mensualmente ciertas cantidades de carbón nacional a las empresas mineras. Las consecuencias para la minería pueden ser dramáticas, ya que si la Audiencia Nacional acepta la reclamación de la compañía eléctrica y anula el acuerdo del Consejo de Ministros, el decreto que prima el consumo de carbón nacional quedaría en suspenso y las térmicas no tendrían la obligación de adquirir mineral.

Según confirmaron fuentes sindicales, Endesa, propiedad de la italiana Enel, acudió ayer a la Audiencia Nacional para solicitar «medidas cautelarísimas» contra la resolución del pasado viernes del Ministerio de Industria. El Gobierno pretendía con su resolución desbloquear la parálisis en la que había entrado el sector minero, ya que pese a la aprobación del real decreto, las compañías energéticas no han comprado ni un solo gramo de carbón a las minas nacionales. Con este paso, Endesa pretende que el juez anule la citada resolución en un corto periodo de tiempo, eliminando así la obligación impuesta para que las eléctricas compren mineral nacional, hasta que haya una resolución judicial sobre el decreto.

Este no es el único recurso por parte de las eléctricas que deberá resolver la Audiencia Nacional, ya que tanto la propia Endesa, como Gas Natural Fenosa e Iberdrola, recurrieron en el mes de febrero el real decreto del carbón aprobado por el Gobierno, en el que se establecen las cantidades, el precio de compra y la cantidad de energía que estas compañías han de producir con carbón nacional. También en este proceso las compañías solicitaron medidas cautelares, si bien la Audiencia todavía no se ha pronunciado al respecto, y se calcula que no lo haga hasta la segunda quincena de abril.

Si el juez paralizase la aplicación del real decreto del carbón, el golpe para la minería sería devastador. Con muchas empresas prácticamente desmanteladas y sin actividad, con los trabajadores despedidos o en regulaciones temporales de empleo, la obligación impuesta por el Gobierno para que las eléctricas compren una cantidad establecida de carbón de forma mensual se veía como el único un paso para la vuelta a la actividad. Sin embargo, de anularse esta medida, la situación de las compañías mineras volverá a ser dramática y se verían financieramente ahogadas, tras el retraso en el cobro de las ayudas a la producción.