No sé si en esta tierra asturiana de las Cuencas, ayer minera e industrial, será la última vez que se hable de minería o tal vez sea la penúltima. De cualquier manera, si se habla del no concluido conflicto minero, y ahora adobado con el incumplimiento de lo firmado de las prejubilaciones, es obligatorio hacer «memoria histórica», aunque sea brevemente, para comprender algo de lo que ocurre. Si uno tiene la paciencia de consultar e interesarse por el tema, observa que la entrada de España en la UE (Unión Europea) en 1986, con el reparto de las cuotas de producción que ello conllevó, así como el resurgir de las eléctricas, propiciaron una lenta y paulatina descomposición del sector de la minería, representado en los llamados Planes Generales de la Minería del Carbón, desde 1991 a 2006-2012; si a lo anterior añadimos la falta de alternativas que en su momento no hubo, podríamos tener servido aquello de «de victoria en victoria hasta la derrota final», que es la situación a la que, parece, se encuentra abocada la minería.

Hay que recordar que los tres «Planes» fueron, en su momento, pactados por la Federación de Cuadros y la Patronal Carbunión; así como por los respectivos turnos de los gobiernos del PSOE y del PP y, obviamente, por las organizaciones sindicales SOMA-UGT y CC OO. Los trabajadores de aquella Hunosa sabían que los referidos planes se basaban, entre otros aspectos, en la disminución de la producción, con la correspondiente pérdida de empleo directo e indirecto, en proyectos de industrialización a través de subvenciones y creación de varios organismos públicos. Además de las becas mineras.

En el momento actual, parece que se llega el final de lo pactado hasta el momento, al menos eso es lo que se desprende de las líneas del borrador del Plan del Carbón 2013-2018, en las lecturas que de él se hacen. El escenario es poco halagüeño y si nadie lo remedia el plan referido y los recortes del gobierno, acabarán no con la minería asturiana ( finiquitada hace años) sino con lo que queda de ella.

A nadie se le escapa, y menos a los interesados, que este Gobierno quiere cerrar las minas; un cierre que a decir de los propios mineros, y volviendo la vista atrás, se inició en los años noventa del pasado siglo. Los intereses de los capitalistas del carbón predominaron y predominan sobre el interés de los mineros y de sus familias, además de otros sectores colaterales que sufrirán daños irreversibles. La potenciación de los sectores eléctricos y del gas (con el fracking hemos topado) está en la mente y en el interés del capital accionista de la minería asturiana

Accionistas que con sus lobbys económicos, ayudados por gobernantes poco escrupulosos, se dedican a saquear lo poco que queda de las cuencas mineras y otros sectores de la industria asturiana, dejando a los pies de los caballos a una ciudadanía perpleja con lo que está ocurriendo. Una ciudadanía que no es culpable de la situación económica y social.

Son los defensores de un sistema económico, el capitalismo, los que han originado y desarrollado la crisis. Culpables de no haber tomado ni una sola medida para recuperar lo perdido, llevando a la miseria y a la decadencia a una clase trabajadora cada vez más empobrecida. Todo ello, supone un ataque que representa o puede representar el retorno a un estado de empobrecimiento tal que las comarcas mineras, en particular, y Asturias, en general, queden en estado de emergencia social. No es descabellada tal situación. ¿Acabarán destruyendo las cuencas mineras, acabarán destruyendo Asturias?