31 de marzo de 2013
31.03.2013

Soraya y Victorino, cruce de destinos

l El conflicto del carbón l Las decisiones políticas
Unas facturas de la Seguridad Social enfrentaron hace 15 años a la vicepresidenta del Gobierno y al empresario minero en León

31.03.2013 | 00:00
Soraya y Victorino, cruce de destinos

«Es que a Victorino le conozco muy bien». Pasaban las dos de la tarde del 15 de febrero, viernes. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acababa de concluir. Ningún periodista asturiano había recibido la vez para preguntar. La Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se escabullía por uno de los pasillos del Palacio de la Moncloa. Una periodista de la TPA la interceptó y le entregó una copia de la información que ese día publicaba LA NUEVA ESPAÑA. «Sáenz de Santamaría diseñó el plan contra el Grupo Alonso por la desaparición del carbón», era el titular. «La vicepresidenta del Gobierno ordenó las medidas para forzar al empresario leonés a reponer las 500.000 toneladas de Hunosa», se podía leer en el subtítulo.


Soraya Sáez de Santamaría, atraída por la información del periódico, se detuvo unos minutos. Los necesarios para leerla con atención. De pie, rodeada por periodistas curiosos, asentía con ligeros golpes afirmativos de cabeza, en otros momentos sonreía. Cuando acabó la lectura, sentenció, en un tono que mostraba cierta satisfacción: «Es que a Victorino le conozco muy bien. Me sé sus tretas».


El «capo» de la minería leonesa vive estos días su particular Vía Crucis azotado por las decisiones tomadas desde Moncloa. Quién le iba a decir al todo poderoso Goliat del carbón, que una joven política del PP, haciendo de David, le iba a complicar tanto la vida. Hace 15 años, se cruzaron los caminos de Sáenz de Santamaría y Victorino Alonso. Con 27 años, ella tenía su primer destino como abogada del estado en León. ¿Qué pasó entonces entre ambos? Desde el entorno del empresario leonés se asegura que nunca tuvieron motivo de disputa. Desde el Partido Popular se prefiere guardar silencio. La causa, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, fueron unas facturas de la Seguridad Social. El empresario leonés se topó con la joven defensora de los intereses del Estado y acudió a pedir amparo al Presidente de la Junta de Castilla y León, por entonces el popular Juan José Lucas Jiménez. Las fuentes consultadas no aclaran si eran deudas pendientes de la operación de 1993 de adjudicación en subasta de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).


En 1997, el mayor empresario minero de España tenía también dos polémicos procesos abiertos. Por un lado, estaba inmerso en un farragoso litigio civil por un fraude por la calidad del mineral suministrado a Unión Fenosa. Alonso fue condenado a pagar 13 millones de euros. Además, el Ministerio de Industria le pedía que aclarase el entramado contable de su grupo, constituido por catorce sociedades. Era difícil de entender que, en 1996 presentase unas pérdidas de 246 millones de las antiguas pesetas, cuando su facturación global ascendía a 49.399 millones y disponía de unos recursos propios de 10.000.


Soraya Sáenz de Santamaría abandonó León, tras su breve destino como joven abogada del estado, antes de iniciar su brillante carrera política desde el conocido «clan de Valladolid» del PP y siempre de la mano de Mariano Rajoy, con una pésima opinión de Victorino Alonso. Y como exitosa opositora, quedó guardado en su recuerdo. Hace poco más de un año, en una reunión con empresarios, en Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo uso de su memoria para tomar una decisión que olía a venganza en plato frío. «No se pueden seguir dando millones en ayudas a ciertos empresarios mineros», comentan que aseveró en aquel encuentro. No dio nombres ni dirigió el dedo acusador hacia ninguna empresa.


Pero cuando a los dirigentes del PP de Asturias y León se les preguntaba por los motivos del acoso a Victorino Alonso, coincidían en la respuesta: «La decisión viene de muy arriba, de Moncloa», «Algo debió pasar con Soraya en León», comentaban siempre desde el anonimato. La propia Vicepresidenta del Gobierno confirmó las sospechas cuando, tras leer la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA, sentenció: «Es que a Victorino le conozco muy bien».


El caso de la desaparición de más de 500.000 toneladas de carbón del almacén estratégico temporal, que gestiona Hunosa y Alonso tenía en custodia, desencadenó el cerco sobre el empresario leonés. La presidenta de la hullera pública, la popular María Teresa Mallada, detectó la desaparición del mineral almacenado. Como primera medida Hunosa pidió al Grupo Alonso que subsanase la anomalía. Hubo buenas palabras y compromiso de hacerlo. Pero posteriores controles comprobaron que el agujero iba en aumento. María Teresa Mallada, indignada, mantuvo una tensa conversación telefónica con Victorino Alonso para exigirle la «inmediata» reposición del mineral. El caso acabó en los tribunales, con denuncias cruzadas de la hullera pública y del Grupo Alonso.


El proceso fue seguido de cerca por la Vicepresidenta del Gobierno. Es más, por encima del Ministro de Industria, que en asuntos mineros parece estar de oyente, la estrategia de presión contra el magnate del carbón fue diseñada desde Moncloa. José Manuel Soria y la SEPI (Hacienda) se encargaron de su ejecución. La decisión tomada suponía emprender dos tipos de acciones: por un lado, dejar el caso en manos de los jueces; por otro, retener el pago de las ayudas a la producción a las empresas de Victorino Alonso, que suman 49 millones. Hubo daños colaterales, como la Hullera Vasco Leonesa. La justificación oficial, las deudas que tienen contraídas con Hacienda y la Seguridad Social. Ambas han presentado recursos que se dilucidarán en unos días. Hay quien afirma que el de la Hullera será atendido, el de Alonso quedará en el aire. Más daños adicionales, las dos empresas han presentado concurso de acreedores y regulado o despedido a buena parte de sus trabajadores.


¿Cuál puede ser el desenlace? El futuro del Grupo Alonso es incierto. En los mentideros políticos y empresariales se oyen todo tipo de especulaciones: sus minas, de las mejores de cielo abierto e interior de España, serán nacionalizadas y entregadas a Hunosa; el Gobierno retirará las concesiones de sus explotaciones para entregarlas a otros empresarios o a grupos de inversión interesados en el sector. Sea cual sea la decisión final sobre las empresas de Victorino Alonso, se dejará sentir la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, cuyos destinos se cruzaron hace 15 años en León.

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