18 de mayo de 2013
18.05.2013

La Junta rechaza con el voto del PSOE y el PP investigar las ayudas al grupo Alonso

Foro e IU querían que se aclarase el destino de los más de 2.000 millones del plan minero recibidos por Uminsa y Coto Minero Cantábrico desde 2004

18.05.2013 | 00:00
Victorino Alonso, mostrando a sindicalistas y políticos la mina de Pilotuerto (Tineo) en octubre de 2011.

El pleno de la Junta General del Principado rechazó ayer la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de las ayudas estatales recibidas entre 2004 y 2012 por las empresas Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso. La propuesta no salió adelante al contar con el voto en contra de socialistas, por considerar inadecuado el ámbito y el objeto de la investigación planteada, y del PP, que alegó que están claras las condiciones que rigen para poder recibir ayudas. El diputado de UPyD se abstuvo al considerar que la investigación debe llevarse a cabo en el Congreso, mientras que IU apoyó la iniciativa de Foro al plantear la necesidad de que se aclare cuanto antes qué ha pasado con esas ayudas.


Desde Foro, José Antonio Martínez señaló previamente que era «preciso despejar dudas sobre los más de 2.000 millones de euros de ayudas» que han recibido estas empresas para apoyar la producción de carbón, el empleo o recolocaciones. En su opinión, la investigación tiene cabida en el ámbito autonómico, pese a que las ayudas sean estatales, por el interés e incidencia que tiene a nivel regional. Uminsa y Coto Minero tienen su actividad en el suroccidente de Asturias y León, y en la actualidad tienen retenidas ayudas de 2012 de 50 millones de euros porque, según el Ministerio de Industria, no está al día en sus pagos a la Seguridad Social.


El portavoz de IU, Ángel González, manifestó su apoyo a la iniciativa de Foro porque «antes o después habrá que aclarar lo que ha pasado en estas explotaciones del suroccidente del Principado que han mandado a la gente a casa». Tras cuestionar la gestión del propietario y la actitud del Gobierno de España, el diputado defendió la nacionalización de las minas y que se investigue en el Tribunal de Cuentas, el Congreso o la Junta General qué se ha hecho con las ayudas percibidas.


Por contra, la diputada del PP Emma Ramos aseguró que lo que debe de preocupar es el cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones y que en el caso de las minas objeto del debate está claro que las han incumplido, por lo que no sería necesario crear una comisión investigadora. «El Ministerio se ha manifestado y ha dicho que no se pueden dar subvenciones cuando se incumplen obligaciones, como es estar al día en el pago de la Seguridad Social», afirmó.


Desde el PSOE, Fernando Lastra criticó que se quiera confundir a la opinión pública y a los trabajadores con este debate porque la normativa comunitaria es clara sobre el pago de ayudas pero también sobre quiénes tienen que reclamar en caso de incumplimientos. «El problema es que con este embrollo de las ayudas del que es responsable el Ministerio están pagando los trabajadores, que no están cobrando», afirmó Lastra, que señaló que la investigación debería llevarse a cabo en el Congreso.

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