"Sí quieren luz, tendrán que pagar sí o sí". Así de rotunda se mostró ayer la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, sobre el corte del suministro eléctrico que han sufrido los propietarios de los bloques "Peñas I y II" de la urbanización de la estación de San Isidro. La administración provincial les dejó sin luz el pasado día 15 al retirar los generadores de gasoil que estaban usando hasta entonces y les instó a abonar el coste del enganche a la línea eléctrica impulsada por la Diputación, que supone un desembolso "de 600.000 euros".

Carrasco hizo hincapié en que los propietarios ya fueron informados el año pasado, una vez que la Diputación suscribió el convenio para la cesión y explotación de la línea eléctrica a Iberdrola. Eso fue el 19 de octubre de 2012 y ya entonces se notificó que las labores de desmontaje de los generadores se iniciarían el 15 de enero de este año. Sin embargo, se les concedió una prórroga hasta el 15 de junio que fue alargada hasta la semana pasada cuando se llevó a efecto el corte de luz. "Creo que los propietarios fueron avisados con la suficiente antelación, de hecho, les hemos regalado un año de electricidad", destacó la presidenta de la administración provincial con visible enojo. El enfado de Carrasco viene motivado por la actitud tomada por los propietarios tras el corte del suministro eléctrico, tachándolo de "ilegal" y denunciando que les exigían el abono de cuatro millones de euros por el enganche a razón de 1.434,27 euros por kilovatio solicitado. La presidenta rechazó haber exigido tal cantidad a los propietarios de estos dos bloques y les instó a cumplir con el convenio fijado con Iberdrola.

La postura de los propietarios es bien distinta. Sus portavoces aseguraron que cuando la Diputación de León le vendió los terrenos a la constructora "lo hizo con la calificación de suelo urbano consolidado, lo que quiere decir que debería de tener los servicios básicos a pie de parcela, es decir, saneamiento, agua y electricidad". También afirmaron que la instalación de los generadores de gasoil "era una solución alternativa ante el retraso en la llegada de la línea eléctrica". Por ello, los afectados consideran que la forma de proceder de la Diputación de León dejándoles sin conexión eléctrica es "ilegal". En total, el corte en la línea eléctrica de los dos bloques de la urbanización de San Isidro afecta a 300 viviendas.