La Audiencia Nacional da la razón al Principado en la reclamación de los fondos mineros de 2011, lo que puede suponer un balón de oxígeno para el gobierno asturiano, que ha tenido que asumir con fondos propios la financiación que debía aportar el Estado. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación del Gobierno central contra una sentencia que estimaba parcialmente la pretensión del ejecutivo asturiano de cobrar 213 millones de euros correspondientes a los fondos mineros de 2011, que Mariano Rajoy decidió suspender nada más llegar a la presidencia. El fallo de la Audiencia Nacional ratifica la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Juzgado Central Contencioso-administrativo número 4 y, además, impone al Estado el pago de las costas del pleito.
La Audiencia Nacional avala la tesis mantenida en primera instancia por el Juzgado Central que emplazaba el Gobierno nacional a revisar los convenios en litigio de los fondos mineros de 2011 para identificar "los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procedan". El fallo establece que el Ministerio de Industria no puede argumentar la falta de recursos para dejar de hacer frente al cumplimiento de los convenios ya que las convocatorias de subvenciones "conllevan el compromiso de gasto correspondiente".
La sentencia de la Audiencia, notificada ayer al Principado, también atribuye al Ministerio de Industria la obligación de vigilar el cumplimiento de los tiempos y forma del convenio. "Pero no lo hizo", cuestionó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, al revelar el contenido del fallo, del que se desprende que "la administración del Estado ni cumplió con las obligaciones de pago firmadas en los convenios ni realizó el seguimiento".
El fallo favorable de la Audiencia Nacional supone un importante balón de oxígeno para las arcas regionales porque, a expensas de que se concrete la cifra definitiva que el Gobierno central deberá reintegrar una vez revisados todos los convenios, el Principado aspira a recuperar hasta un máximo de 213 millones de euros, según concretó el consejero de Presidencia. "El Gobierno asturiano vuelve a reclamar la ejecución de la sentencia de primera instancia, que ahora cuenta con el aval de la Audiencia Nacional", manifestó Guillermo Martínez, quien recordó que el litigio por los fondos mineros fue entablado en el mandato de Francisco Álvarez-Cascos "pero hubo que corregir fallos, ya que inicialmente lo presentaron en la Audiencia Nacional cuando el órgano jurisdiccional competente era el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo".
El consejero de Economía, Graciano Torre, hizo pública ayer la disconformidad del gobierno regional con el borrador de las normas que regularán las ayudas a la reindustrialización del período 2013-2018, remitido por el Gobierno central, que ascienden a un total de 51,9 millones de euros para la anualidad de 2014, a repartir entre las siete autonomías con actividad minera. El Principado discrepa en un punto de ese borrador que abre la puerta a destinar esa partida a proyectos pendientes de anualidades anteriores o "cuya avanzada ejecución justifique su conclusión". La materialización del contenido de ese documento "conduciría a que no hubiese ninguna obra nueva en 2014", alertó el consejero de Economía, Graciano Torre.
El Principado ya ha iniciado reclamaciones por un importe que supera los 300 millones de euros, correspondientes a los abonos de los fondos mineros de 2011, 2012 y 2013. El litigio más avanzado es el de los 213 millones, que ya se ha resuelto de modo favorable, primero en el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo y ahora en la Audiencia Nacional. Además está en marcha una segunda reclamación, por un montante de 56 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2012 y está en una fase todavía inicial la correspondiente a los proyectos de los fondos mineros de 2013, que rondaría los 68 millones de euros, aunque la cantidad definitiva aún no ha sido establecida por el Principado.
La alcaldesa de Langreo, María Fernández, reaccionó ayer con presteza a la sentencia de apelación, y exigió de inmediato al Gobierno que preside Mariano Rajoy el "cumplimiento" del mandato de la Audiencia Nacional. El Ayuntamiento de Langreo, que se había personado junto al Principado en el proceso judicial, adelantó en su día dos millones de euros para ir ejecutando proyectos de los fondos mineros. En el proyecto del recinto ferial de los Talleres del Conde gastó 1,2 millones; en la compra de los terrenos para el polígono agroalimentario de El Cadavíu, medio millón, y cerca de 300.000 euros en los terrenos de Lada donde posteriormente se hizo la zona deportiva del Pilar. Un dinero, estos 2 millones de euros, que están incluidos dentro de la sentencia.
"Es un dinero que se adelantó. Los proyectos están ejecutados y justificados, desde el Ayuntamiento se hizo un buen trabajo. Ahora hay que exigirle al Gobierno del PP que cumpla la sentencia, que cumpla con sus compromisos. Tiene que darnos lo que es nuestro, porque los fondos mineros se retiraron sin justificación", aseveró la regidora langreana. Fernández expuso además que el adelanto del dinero le provocó al Ayuntamiento "tensiones de tesorería" y que, con el dinero adeudado, "nos pondríamos completamente al día, y nos dejaría en una situación muy buena".
Por su parte, desde IU de Asturias, su coordinador general, Manuel González Orviz, mostró su "satisfacción" por el fallo, y exigió además el "desbloqueo de todos los fondos mineros comprometidos", y que según las estimaciones de la coalición ascienden a "500 millones de euros". González Orviz conminó al ejecutivo del PP a "realizar los pagos a la mayor brevedad". "No se trata de ningún regalo, sino el precio de unos ajustes muy duros para el sector minero y para las comarcas en las que se asientan", concluyó Orviz.
