La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha presentado ante la Delegación de Gobierno, la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional y la dirección general de Justicia e Interior del Principado un escrito en el que exige la suspensión de empleo y sueldo de un compañero de profesión, que ahora ejerce en los Juzgados de Langreo, y que está imputado por un presunto delito de "homicidio en grado de tentativa". Según el colectivo, este guarda asestó cinco puñaladas a su esposa, que también es vigilante de seguridad, con un destornillador, cuando entraba en su turno de trabajo en la ciudad residencial de Perlora, en el mes de agosto. Tras conocerse la denuncia, el guarda solicitó ayer la baja por un "cuadro de ansiedad", por lo que estos días no trabajará.
Jorge Fernández, coordinador general de AVISPA, y Noemí Olmedo, de la directiva de la asociación de vigilantes de seguridad, indicaron que los hechos se produjeron el 15 de agosto de este año, en Perlora, cuando en el relevo de los guardas de seguridad, "se produjo la agresión", en la que este guarda "asestó cinco puñaladas, con un destornillador" a su esposa, también vigilante de seguridad. La mujer se salvó porque "llevaba una faja en el abdomen" a causa de unos problemas de espalda. Los responsables de AVISPA indicaron que fue un tercer vigilante el que pudo parar la agresión. Avisada la Guardia Civil de Carreño, fue detenido y puesto a disposición judicial. Además, "pasó dos meses en prisión preventiva". Con el proceso judicial en marcha, se encuentra imputado por un presunto delito de "homicidio en grado de tentativa", y se le dictó una orden de alejamiento de su pareja. Pese a todo lo ocurrido, el guarda lleva varias semanas "trabajando en los Juzgados de Langreo", denuncia AVISPA.
El colectivo exige a la empresa a la que pertenece el guarda, Alcor Seguridad, que "suspenda de empleo y sueldo" a su trabajador, que tal y como indicó Jorge Fernández "es primo del director gerente" de la compañía. AVISPA asegura además que la empresa, que es adjudicataria del servicio de vigilancia privada de los edificios dependientes de la dirección general de Justicia, intentó "tapar los hechos". "Ni la dirección de la compañía, ni su jefatura de servicios, autorizó la elaboración del correspondiente informe de los hechos ocurridos, pese a la gravedad de la incidencia". Por este motivo "hay que pedir explicaciones" a la empresa, a la que "debería rescindírsele el contrato suscrito con Justicia e Interior por el grave incumplimiento de las condiciones pactadas en la adjudicación del servicio".
Para AVISPA, lo ocurrido en Carreño hace imprescindible que "se ordene la sustitución" del guarda de seguridad, "tanto de ese servicio (Perlora) como de cualquier otro (Langreo), mientras esté sin resolver su situación legal o se dicte sentencia". "Entendemos", añadió Fernández, "que no es el profesional adecuado para desempeñar sus funciones". AVISPA, además, "condena" el uso de "la violencia de género" contra su pareja, "que además es trabajadora del sector de la seguridad privada". Con la denuncia también se pretende defender "la honorabilidad de los profesionales" del sector.
