Félix González Yagüe, doctor de Minas por la Universidad de Oviedo, ha desarrollado una herramienta capaz de acortar y perfeccionar la tramitación de apertura de nuevas explotaciones o mejorar la integración social de las minas que ya están en marcha. Se trata de la GICAM (Gestión Integral de Comunidades Afectadas por la Minería), un sistema que permitirá valorar el impacto que generará la actividad minera. Esta fórmula es el resultado de su tesis "Protocolo para la integración de comunidades autóctonas y actividad minera", leída hace unos días en la Escuela Politécnica de Mieres y dirigida por Juan Manuel Menéndez Aguado.
El autor del trabajo es responsable de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Minería de Acciona. Cuenta con más de diez años de experiencia en planificación estratégica, relaciones institucionales y gestión comunitaria a nivel mundial. Además, ha realizado un amplio trabajo como cooperante en Latinoamérica, Oriente Medio y África. Además de su doctorado, también es Licenciado en Economía por la UNED y Master of Bussiness Administration por la Escuela Organización Industrial.
La formación de Yagüe le llevó a encontrar la solución a un conflicto. "Era necesario establecer una relación entre las comunidades afectadas y los impulsores de una explotación minera con el fin de lograr la estabilidad entre las necesidades económicas de una empresa y las consideraciones ambientales y las tradiciones culturales de la gente que habita en las zonas en las opera", explicó el doctor.
Sobre esa base empezó a trabajar. La primera parte de su tesis fue un estudio, a nivel mundial, de los trabajos más recientes en materia de identificación y establecimiento de relaciones con comunidades de interés. "Necesitábamos contar con un espectro suficientemente representativo y, una vez conseguido, establecer las bases para el desarrollo de protocolos", explicó.
El trabajo de González Yagüe se sustentó en cinco bases: relaciones con comunidades de interés, desarrollo y planificación de acuerdos con dichas comunidades, evaluación de impactos y oportunidades asociados a la minería, gestión de programas acordados y monitorización y buenas prácticas. Estos cinco protocolos permitieron diseñar un sistema de trabajo generalista, "que podría ponerse en marcha en cualquier lugar del mundo" y se subdividió, a la vez, en cinco fases de aplicación.
La primera fase del GICAM se basa en las relaciones: identificación de grupos de interés y análisis de dichos grupos. Además de una evaluación de acuerdos potenciales a los que podrían llegar los impulsores del trabajo con las comunidades implicadas. La siguiente sería una planificación previa, que incluye el mapeo de comunidades de interés: "Hablamos, por ejemplo, de vecinos u otras empresas que ya trabajan en la zona", matizó el ingeniero. La tercera parte pasa por una evaluación de las oportunidades, impactos y competencias. El trabajo culmina con la gestión de los acuerdos alcanzados y los planes de compensación, además de una monitorización para controlar las buenas prácticas.
La herramienta GICAM, según explicó Yagüe, permite "afrontar rápidamente la evaluación de aceptabilidad social de un proyecto minero desde un punto de vista multigrupos". La aplicación del sistema en casos reales, añadió, "ha demostrado que este procedimiento maximiza el porcentaje de la población contemplado históricamente en los proyectos mineros, desarrollando paquetes de acuerdos inclusivos y consensuados, que reducen drásticamente la conflictividad social asociada en ellos". La correcta aplicación del sistema, añadió el ingeniero, permite favorecer a todos los grupos implicados en la actividad minera: compañías extractivas, comunidades de interés y gobiernos, ONG o entidades de otro sector.
