El consejero de Economía y Empleo del Principado, Graciano Torre, mantuvo ayer una reunión en el Ministerio de Industria para analizar el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno de Rajoy a abonar a Asturias hasta 213 millones correspondientes a 56 convenios de fondos mineros. "Esperamos que el Ministerio imprima a este proceso un ritmo de trabajo acelerado y que en unas semanas podamos reunirnos de nuevo" para que Asturias reciba cuanto antes los fondos correspondientes, manifestó el Consejero.

La reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería y el Gobierno del Principado, convocada por el Ministerio tras el ultimátum impuesto por los tribunales ante el bloqueo del cumplimiento del fallo, supone el inicio de una serie de encuentros para analizar cada uno de los convenios y, posteriormente, proceder a cumplir la sentencia.

El Consejero revisó, junto a la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano; el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, Juan Miguel Benítez, y técnicos de ambas instituciones los 56 convenios. "Hemos revisado uno a uno, les fuimos poniendo de manifiesto cuál era la situación de cada uno y fueron cotejando la información con sus datos; finalmente, quedaron en analizarlos y nos dijeron que podrían pedirnos documentación o certificaciones de obra para posteriormente tomar una decisión", explicó Torre. Antes de tomar una decisión, Industria volverá a convocar una reunión en la que cada parte exponga sus razonamientos y alegaciones sobre la propuesta que el ministerio ponga sobre la mesa.

Este paso supone el primero que da el Gobierno tras el ultimátum judicial al Ministerio de Industria para que cumpliese la sentencia, y que se hizo público el pasado 8 de mayo. En el auto, dictado por el juzgado central número 4 de Madrid daba un plazo de diez días al Ministerio para que identifique a los responsables de hacer cumplir la sentencia y otros veinte para que argumente la supuesta nulidad de 63 proyectos de fondos mineros que ya han sido ejecutados.

La batalla judicial por los fondos comenzó tras la llegada del PP al Gobierno central. El primer Consejo de Ministros suspendió el pago de los fondos mineros y el Principado decidió recurrir esta medida por la vía judicial. En total, el Ejecutivo autonómico presentó tres recursos correspondientes a las anualidades 2011, 2012 y 2013. Hace un año, el juez falló a favor del Principado respeto al primero de los recursos -los otros dos están pendientes de resolución- y reconocía el derecho de la administración regional para cobrar hasta 213 millones de euros. Para dilucidar cuál sería la cantidad final a cobrar, el juez proponía la creación de una mesa de cooperación entre ambas administraciones.

Industria no contestó y obligó al Principado a exigir la ejecución de la sentencia. La contestación de Industria no se hizo esperar. En lugar de pagar, exigió al Principado la devolución de cantidades abonadas y la pérdida del derecho a cobro de proyectos ya ejecutados, en total, 63 convenios. Tras un nuevo recurso, el juez obligó a Industria a cesar en su "actitud de bloqueo en el cumplimiento de la sentencia". Ahora, estos primeros pasos se están dando.