O se vende carbón o se cierra. Así de claro se lo expuso ayer la patronal minera Carbunión al Ministerio de Industria, a quien urgió a "publicar ya" la orden ministerial de ayudas medioambientales para las centrales térmicas que queman mineral nacional. En caso contrario, apuntaron desde la patronal, "el año será catastrófico para el sector y la mayoría de las empresas no llegarían al final del verano". La directora general de la asociación que agrupa a la patronal minera, Mercedes Martín, aseguró, de cualquier manera, que la fórmula preparada por el Gobierno para que las térmicas quemen carbón "tendrá éxito si va acompañada de la exención del céntimo verde para el carbón comunitario". "Esta orden sola va a generar problemas y la única manera que tiene de funcionar es con la bonificación del céntimo verde para el carbón nacional", aseguró.

Con esta bonificación del céntimo verde, reclamada por la patronal y también por los sindicatos, se reduciría a 0,15 euros por Gigavatio el gravamen al carbón nacional y comunitario, frente a 0,65 euros actual, que quedaría sólo para el extracomunitario, con el argumento de que tiene un coste ambiental mayor asociado a su transporte. Así, el coste que tendría el mineral autóctono para las térmicas sería similar al importado.

El último borrador de la orden ministerial, denominada "de pagos por capacidad" recoge un consumo máximo de 5,2 millones de toneladas de carbón, millón y medio menos de lo que recoge el Plan del Carbón. También establece una bonificación para las centrales térmicas que lo quemen de 90.000 euros por megavatio generado con el fin de ayudarles a acometer las inversiones en desnitrificación que deberán realizar antes de 2017, según la normativa europea.

La patronal minera considera que la norma, que actualmente está siendo analizada por la Comisión Nacional de la Competencia, no debería de tener problemas para pasar el filtro de las autoridades europeas, "si el Gobierno la defiende bien". Lo entienden así porque "a diferencia del real decreto anterior, que era novedoso y no era aplicado por ningún país, los pagos por capacidad sí se utilizan en otros países e incluso en España en anteriores ocasiones". Mercedes Martín reconoció las reticencias de algunas de las compañías eléctricas a la nueva norma, hasta el punto de que "hay empresas eléctricas que no han estado hablando muy bien a nivel comunitario".

Lo que sin duda es urgente es la publicación en el BOE de la nueva medida, sobre todo "para las cuencas de Asturias, Palencia y León". El retraso de casi medio año en poner en marcha el sistema ha propiciado que hasta la fecha sólo se hayan producido este año 1,1 millón de toneladas en España. "De no variar nos llevaría a una producción para todo el año de 1,5 millones de toneladas por debajo incluso de los 3,7 millones del pasado año, que ya fue inusualmente bajo", aseguró Martín.