El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha cifrado cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto total que tendría durante los tres años de aplicación la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional.

Según el último borrador remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la potencia máxima de aquellas instalaciones que podrían entrar en el ámbito de aplicación de la orden podría alcanzar los 4.500 MW.

Esta cifra es, sin embargo, inferior a la que calcula Carbunión, que sostiene que Industria ha contemplado en su análisis todas las centrales, entre ellas la central térmica de Anllares, que según la patronal minera posiblemente no se va a acoger a la medida, y Compostilla 2.

Además, la orden de Industria contempla como cuantía asociada al pago de la inversión medioambiental un valor de 90.000 euros/MW y unos compromisos de compra de carbón autóctono en cada año desde 2015 hasta finales de 2018 equivalente a 6 millones de termias.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, recordó que el Gobierno no podía mantener las ayudas a la quema de carbón nacional establecidas en 2009 porque lo prohíbe la Unión Europea que, aseguró que también deberá dar su visto bueno a las ayudas propuestas ahora a la desnitrificación de las centrales eléctricas.

Con estas subvenciones, que persiguen incentivar la compra de carbón autóctono, "podríamos estar hablando de algo más de 400 millones a lo largo de los próximos años" frente a la situación actual de "nada", indicó Soria. Según sus cálculos, si todas las empresas eléctricas que tiene centrales de esta naturaleza utilizan las nuevas ayudas se quemarán unas 6 millones de toneladas, frente a los 3,6 millones que se quemaron en 2014.

Las medidas, que no supondrán un incremento del gasto público, establecen la percepción de las cantidades en base a diferentes hitos vinculados a la tramitación administrativa y realización de las inversiones. De hecho, para tener derecho al cobro del pago por inversión, será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono y el compromiso para la realización de las inversiones medioambientales necesarias.

Una vez presentada la solicitud, se reconocerá una cuantía provisional equivalente al 20 % en la inversión y tras obtener la autorización de explotación se percibirá el 80% restante.

Además, tendrán derecho al cobro del pago por inversión las instalaciones singulares, es decir, aquellas de gasificación de carbón integradas en un ciclo combinado, con una potencia superior a 250 MW, que hayan acometido inversiones medioambientales o acrediten la compra de carbón autóctono equivalente a 970.000 terminas al año en el periodo de aplicación.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que el carbón nacional "es importante", ya que se trata de la única fuente energética propia de España, aunque ha señalado que "no a cualquier precio", insistiendo en la necesidad del "esfuerzo" de todos para dar con una solución para garantizar su viabilidad. Nadal subrayó además que a lo largo de esta legislatura se han destinado 3.000 millones de euros a la minería del carbón.

El secretario de Estado recordó que este Gobierno se encontró con un marco, aprobado en 2010 por parte de todos los Estados europeos, incluido el español, que fija que en 2018 todas las minas de carbón en España "deben estar cerradas", por lo que se ha tratado de hacer una hoja de ruta "para que puedan seguir trabajando más allá".