"Si a Morcín le asignan tres o cuatro millones de euros para desarrollar proyectos con los nuevos fondos mineros y el Ayuntamiento tiene que poner un veinticinco por ciento, entonces mejor que no nos los concedan". Así de claro explica el alcalde de Morcín, Jesús Álvarez Barbao (PSOE), el problema al que se enfrentan los municipios ante el inicio de la tramitación de los nuevos fondos mineros del Plan 2013-2018, ayudas vinculadas al capítulo de infraestructuras. En general, todos los regidores están bastante preocupados: "Hay dos temas sobre la mesa, uno que se defina los criterios de reparto del dinero y el otro que se libere a los ayuntamientos de tener que poner aportaciones, ya que es inviable asumir ciertos desembolsos", señala Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres.
El problema al que se enfrentan los ayuntamientos es fácil de explicar. En teoría, los concejos beneficiarios de los nuevos fondos mineros deberán aportar una cuarta parte de la inversión que conlleve cada proyecto subvencionado. Por ejemplo, el gobierno de Mieres ha planteado un programa de actuaciones, valorado en 10,5 millones, entre las que se encuentra la recuperación de fachadas, con 2 millones de presupuesto. Si se aprobase esta iniciativa, el Ayuntamiento debería asumir el pago de 500.000 euros para sufragar el resto con fondos mineros.
Los alcaldes aspiran a que el Principado, como ya sucedió en anteriores planes, acepte financiar el 25 por ciento de las obras. "Si tenemos que hacer frente a estos desembolsos para poder acceder a las ayudas sería lo mismo que cerrarnos las puertas", puntualiza Ramón Argüelles. "La mayoría de los concejos estamos ahogados y bastante tenemos con mantener los servicios y atender las necesidades básicas de los pueblos", añade.
Aníbal Vázquez ya trasladó el pasado martes estas inquietud al Consejero de Industria, Francisco Blanco, en una reunión con representantes del SOMA-FITAG-UGT, de CC OO y de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom). "Lo lógico es que el Principado complete las inversiones, ya que para los ayuntamientos resultaría inviable", indica Aníbal Vázquez. Jesús Álvarez Barbao confía en que el Principado finalmente ofrezca una cobertura, bien total o bien parcial, para cubrir los gastos que los municipios no pueden afrontar: "Cuando menos se debería valorar que la administración autonómica ponga un 12,5 por ciento y el otro 12,5 los ayuntamientos".
De momento, en lo que sí están de acuerdo el Gobierno regional, los ayuntamientos y los sindicatos mineros es en reclamar al Ministerio de Industria que fije "criterios objetivos" para la distribución de los nuevos fondos mineros. En principio, se repartirán 250 millones. A los regidores les incomoda el sistema de libre concurrencia establecido por Industria. "No sabemos qué se tendrá en cuenta a la hora de determinar los proyectos que se financiaran y tampoco cómo se fijará el reparto del dinero", subraya Aníbal Vázquez. Álvarez Barbao y Ramón Argüelles también reclamaron ayer más "trasparencia" en este proceso de asignación.
