El PSOE de Caso llevará a la Fiscalía cuatro expedientes del Ayuntamiento, que datan de la época de IU en el gobierno local con Elías Rodríguez al frente. Es la respuesta a la denuncia de la coalición contra el actual regidor socialista, Tomas Cueria, por una presunta prevaricación administrativa. Los socialistas llevan al juzgado el caso de dos fincas, en las que se construyeron equipamientos municipales; la contratación simultánea de dos arquitectos, que acabó haciendo que el Consistorio tuviese que pagar más de 158.000 euros de indemnización a uno de los técnicos; y la ejecución de obras de rehabilitación en la aldea abandonada de Peréu.
En el PSOE de Caso se tiene claro que el alcalde, Tomás Cueria, no actuó en ningún caso de mala fe en el caso de presunta prevaricación adminstrativa del que está siendo investigado, tras una denuncia de IU. El secretario socialista casín, Miguel Fernández, señaló que si la Fiscalía investiga este caso, y posiblemente otros tres, "también estará interesada en algunas actuaciones dudosas" realizadas por el gobierno local cuando lo lideraba IU. El primer caso fue la compra de una finca en Nieves, en junio de 2010, como parte de la urbanización y mejora del pueblo. La operación alcanzó los 48.000 euros. Según los socialistas, la adquisición se hizo "sin justificación de tasación por parte de ninguna empresa ni profesionales del ramo, por el entonces alcalde de IU" Elías Rodríguez y sin reserva económica en "el apartado de fondos mineros". Algo similar ocurrió en junio de 2011 con la compra por 7.500 euros de una finca en Belerda, "sin tasación por parte técnica" para la "adquisición y reforma de dos mangas ganaderas".
El tercero es la contratación de dos arquitectos. "Se contrató a un arquitecto cuando ya había otro, al que se quiso despedir. Ganó el juicio por despido improcedente y hubo que pagar 143.369 euros", a los que hay que añadir otros 15.000 por los intereses del pago a plazos. "Cuando se realizó la contratación, ya había un arquitecto. Hubo dos durante un tiempo, y sólo se le encargaban trabajos al nuevo", expuso Miguel Fernández. Finalmente, fue despedido, "y las consecuencias de aquella acción hubo que pagarlas, y bien". Ahora, Caso no tiene arquitecto. El cuarto caso que llevará el PSOE a la Fiscalía es "una licencia provisional de obra" en la rehabilitación del núcleo de Peréu.
Respecto a la investigación actual al alcalde socialista, Fernández fue claro. Además del pago de la rozas en el monte, que originaron la denuncia de IU, "se están mirando los reparos que se ponen a las nóminas de trabajadores de servicios sociales. Aparentemente pueden ser miles de euros, pero se pone reparo porque se pagan los desplazamientos a 30 céntimos el kilómetro, como siempre se hizo, y no a 19". En total "hablamos de 800 euros al año". Anteriormente, estos gastos se pagaban aparte de la nómina, pero ahora vienen integrados en ella. También está la presunta prórroga irregular del contrato de mantenimiento de las depuradoras con Aqualia. "Se firmó en 2004. Lo que se hace es pagar el servicio. La Junta de Saneamiento nos da un dinero, 4.000 euros, y el Ayuntamiento se lo abona, nada más. No tenemos nada que ver con esta contratación". Fernández añadió que, en 2011, con la llegada del PSOE, "nos encontramos con 6 años sin rendir cuentas a la Sindicatura y con 4 millones de facturas sin pagar. Entonces a la Sindicatura de Cuentas no le llamaba la atención. Pero ahora pone reparos al pago de 800 euros de kilometrajes al año".
