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El futuro de los territorios carboneros

Castilla y León desarrolla un plan de 20 millones para reactivar las zonas mineras

La Junta invertirá cinco millones anuales hasta 2020 para la financiación de proyectos que generen empleo alternativo en los municipios carboneros

Una antigua mina en Páramo del Sil (León), municipio que se beneficiaría del plan. FERNANDO RODRÍGUEZ

El progresivo retroceso del sector del carbón durante los últimos años está teniendo un impacto devastador sobre las comarcas mineras. Los territorios de Asturias, Castilla y León, y Aragón -esta última en menor medida- en los que se levantaron castilletes y se perforaron pozos son hoy valles que han perdido gran parte de su población. La reindustrialización no ha funcionado como se esperaba y los valles mineros sufren las consecuencias en forma de paro y envejecimiento de sus vecinos. El Gobierno tampoco ha estado a la altura. Desde que el PP decidiese eliminar los fondos mineros tras su llegada al Gobierno en 2011, la parálisis en materia de inversiones ha contribuido a acrecentar los problemas en estos territorios. El Gobierno de Castilla y León ha decidido poner freno a esta situación o, al menos, contribuir a una mejora en las comarcas que un día fueron el motor industrial de la Comunidad Autónoma. Para ello, invertirá 20 millones de euros de fondos propios en proyectos que generen empleo y sirvan para dinamizar los territorios.

La Junta de Castilla y León presentará el programa de ayudas a finales del presente mes de abril, en principio, el día 29. En todo caso, ya se conocen algunos detalles. En principio, la cuantía a invertir será de 20 millones de euros hasta 2020, lo que supone un gasto de 5 millones al año. El dinero saldrá de las arcas del propio Gobierno castellano-leonés (PP), que ha decidido volcarse en la reactivación de los territorios carboneros. En total se podrán beneficiar de estas ayudas 81 municipios de las cuencas de Palencia y León. En un principio, el plan de dinamización solamente incluía a los ayuntamientos denominados muy mineros o grupo 1 (31), aunque la medida posteriormente se extendió al grupo 2.

El objetivo que tiene este plan de inversiones es atraer empresas a las comarcas mineras de forma que los proyectos que se desarrollen puedan generar un empleo estable. Fuentes de la Junta de Castilla y León consultadas por este diario explicaron que "no es un plan para hacer carreteras o infraestructuras, sino proyectos que permitan que en mayor o menor medida se puedan generar puestos de trabajo y riqueza en la zona".

El plan de dinamización, además, incluirá beneficios para aquellas empresas que se establezcan en las comarcas mineras. Según explicaron hace unos días desde la Junta, la idea es "beneficiar a aquellas personas que se establezcan en municipios mineros, darles prioridad a la hora de obtener una subvención y lograr financiación. Ofrecer suelo industrial muy barato y habilitar una infraestructura buena de banda ancha".

El Gobierno castellano-leonés ha pedido también a los alcaldes que participen de esta iniciativa. Aunque no será vinculante, la Junta solicitó a los regidores que presenten sugerencias de las necesidades de sus territorios o ideas de proyectos generadores de empleo que se puedan desarrollar en sus municipios o comarcas. "Ellos son los que mejor conocen el territorio y cómo poder aprovechar sus potencialidades", aseguraron los portavoces del Gobierno castellano-leonés.

El de inversiones no es el único proyecto de actuación en torno a los valles carboneros en la comunidad vecina. La Junta también ha puesto en marcha un plan de empleo que contará con 2,5 millones de euros, y que se centrará en los 31 ayuntamientos denominados "muy mineros".

Este plan especial de empleo recoge específicamente que estas subvenciones se concederán por un valor máximo de 10.000 euros, que se otorgarían a cada contrato de jornada completa, con una duración mínima de 180 días. Los cálculos pasan por beneficiar a 24 municipios de León con dos millones de euros y a 7 de Palencia con otros 490.000 euros.

La financiación se desarrollará en función del número de parados de cada concejo, con un mínimo de 30.000 euros. Serán los propios ayuntamientos los que realicen la selección de personal y se centrarán de forma especial y preferente en personas menores de 35 años y mayores de 45 sin prestaciones y con cargas familiares. También en parados de larga duración y, en especial, los que hayan agotado las prestaciones sociales o de desempleo.

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