La situación de los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, es más que incierta. Mientras se desarrolla el proceso judicial contra el patronato para dar cuenta de la imposibilidad de su reincorporación a la empresa, la plantilla denuncia ahora que los patronos quieren empujarlos al concurso de acreedores, quedando la negociación en manos del administrador concursal. La denuncia viene motivada tras el plantón que recibieron hace unos días los representantes de los trabajadores cuando habían sido citados para negociar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, a sabiendas de que el patronato había solicitado entrar en el procedimiento concursal, lo que todavía no ha conseguido.
De entrar en concurso de acreedores sin negociar el ERE, el administrador concursal tendría la responsabilidad de realizar la regulación de la plantilla. La diferencia en este caso es que la indemnización que cobrarían los trabajadores sería la mínima, de veinte días por año trabajado, sin posibilidad de pactarla.
Por otro lado, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias volvió a convocar ayer a los trabajadores para una nueva vista con el fin de dirimir sobre la legalidad de que el patronato obligase a los trabajadores a reincorporarse en la empresa aunque exonerándoles de acudir al centro de trabajo dando cumplimiento a la sentencia que declaraba nulos los despidos.
"Fraude de ley"
La letrada de los trabajadores, Marta Rodil, volvió a reiterar ayer al tribunal el "fraude de ley" que estaba cometiendo el patronato, señalando la "imposibilidad" de una readmisión. También mostró una tabla salarial actualizada, ya que había algunos errores en la que se había presentado con la sentencia. Por su parte, la abogada del patronato rechazó actualizar la tabla salarial señalando que era una modificación sustancial y que entraba fuera de tiempo.
De obtener la razón los trabajadores, el patronato estaría obligado a realizar un despido improcedente de la plantilla, abonándoles la máxima indemnización, que es de cuarenta y cinco días por año trabajado. El tribunal dejó el caso visto para sentencia.
