Los alcaldes mineros exigirán al Gobierno central que amplíe en dos años, hasta 2020, el plazo para que los convenios de fondos mineros del actual plan del Carbón 2013-2018, se puedan ejecutar. Así lo aseguró ayer Adrián Barbón, alcalde de Laviana y presidente de la Asociación Comarcas Mineras (ACOM-España), tras una reunión de la comisión permanente de este organismo celebrada en Palencia. El órgano directivo del colectivo acordó también la contratación de un bufete de abogados que estudie los incumplimientos de los dos planes del carbón anteriores, los correspondientes a los periodos 1998-2006 y 2006-2012, e interponga una demanda contra el Gobierno de Rajoy para reclamar los fondos adeudados a los municipios. En el caso de Asturias, además de la denuncia interpuesta por el Gobierno del Principado, Barbón explicó que a los ayuntamientos se les deben más de 8 millones de proyectos ya ejecutados, y que aún no han sido abonados.
El presidente de Acom anunció que los alcaldes mineros exigirán que de forma inmediata se comiencen a firmar convenios para la puesta en marcha de inversiones correspondientes al actual plan del Carbón. "Estamos en 2016 y no se ha gastado ni un solo euro de los 250 millones comprometidos", criticó el regidor lavianés. Ante esta situación, los alcaldes reclamarán también que el Gobierno apruebe una moratoria de al menos 2 años, hasta 2020, para que se puedan ejecutar proyectos de fondos mineros sin que caduquen los convenios.
Los alcaldes participantes en la comisión permanente de Acom también analizaron la nueva ayuda pactada por el Gobierno con la UE para el sector del carbón. Esta subvención, que los regidores no ven como una solución, supondría un incremento extra de 10 euros por tonelada de carbón producida, para abaratar sus costes de venta a las eléctricas. Dinero que las empresas que quisieran seguir abiertas más allá de 2018 también tendrían que devolver junto al resto de las ayudas percibidas desde 2010.
Para los alcaldes mineros, señaló Barbón, esta ayuda "no satisface las necesidades del sector" y tampoco supone "una garantía para el mantenimiento de la actividad minera". Además, el presidente del colectivo aseguró que esta subvención "no soluciona el principal problema de las empresas, que es que las térmicas no queman carbón nacional". Y agregó que las empresas sufrirán tensiones de tesorería, ya que a su juicio "tendrán que vender el carbón más barato sin saber cuándo cobrarán las ayudas".
Por ello, Adrián Barbón insistió que la apuesta de los alcaldes mineros es la bonificación total o parcial del conocido como "céntimo verde", una medida que haría que el precio del carbón de las compañías mineras españolas pudiera ser competitivo respecto al carbón foráneo, además de ser una ayuda que no habría que devolver.
