La gran huelga minera de 2012 acabó con un total de cincuenta y nueve mineros imputados por alguno de los altercados que se vivieron durante las protestas. Piquetes, barricadas o verdaderas batallas campales se vivieron en carreteras, explotaciones carboneras e, incluso, en núcleos urbanos, entre los trabajadores y las fuerzas de seguridad. Los acusados, casi siempre en grupo, han sido juzgados desde el año 2013, concentrándose la mayor parte de las vistas entre 2014 y 2015. La mayoría de los imputados, que siempre han defendido su inocencia, han acabado pactando su condena con penas mínimas para evitar su entrada en la cárcel, aunque también ha habido algunos que decidieron continuar con el juicio con desigual resultado. Y es que, en numerosas ocasiones, es la palabra del defendido contra la del agente que estuvo en las protestas.

El abogado Marcelino Suárez, que representa en la vista de ayer a los trabajadores afiliados al SOMA-FITAG-UGT, terminó su trabajo en relación a la huelga minera de 2012. "Han sido tantos los juicios, que no sabría decir ahora mismo a cuántos mineros he representado durante los últimos años", explicaba en los pasillos del juzgado penal número 3 de Oviedo, mientras esperaba para entrar en la sala de vistas. Este letrado, en la mayor parte de los casos, siempre abogó por llegar a un acuerdo con la Fiscalía evitando que sus defendidos entraran en prisión, tal y como ocurrió ayer.