En el panteón del socialismo asturiano, Ramón González Peña se sienta a la diestra de Manuel Llaneza. Ambos formaron parte de aquella generación de luchadores honrados que justificaron durante muchos años el brillo de unas siglas históricas hasta que pudo con ellas el fango de la corrupción.
Ramón fue hijo de uno de los mineros que fundaron las Agrupaciones Socialistas de Ablaña y Mieres y siguiendo su estela también él entró en la mina a los diez años; pudo participar en 1910 en la constitución del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias y en 1917 en la huelga revolucionaria, lo que causó su despido. Desde entonces ya se dedicó por completo a la organización obrera por las distintas regiones industriales de España.
En 1921 fue elegido secretario general de la Federación Nacional de Mineros de España y desde 1927 residió en Riotinto donde recibió su primera condena a muerte por apoyar la sublevación republicana de 1930. Cuando a los pocos meses cayó por fin la monarquía fue nombrado por unas horas Gobernador Civil de Huelva.
No fue más que un gesto simbólico, porque rápidamente lo reclamaron los mierenses para hacerle alcalde desde abril a julio de 1931. Pero lo que hoy quiero contarles son los curiosos detalles del juicio en el que fue acusado de rebelión militar por haber sido el principal artífice de la Revolución de Octubre en Asturias. Les adelanto que junto a él estuvo Teodomiro Menéndez, cuya declaración favoreció a los intereses de la acusación.
Y ahora vamos al juicio, que se inició a las 10 de la mañana del día 15 de julio de 1935 en el cuartel de Pelayo de Oviedo ante un tribunal presidido por el general de Brigada don José Iglesias Martínez, actuando como defensor el teniente coronel retirado don Aurelio Matilla y como fiscal el comandante don Vicente Acedo Colunga, quien llegó a presentar hasta 56 testimonios de cargo apoyando la solicitud de pena de muerte y una indemnización de 200 millones de pesetas para González Peña, a la vez que exigió la disolución de SOMA y otra pena de muerte para Teodomiro Menéndez.
Según el diario ABC, el procesado tomó asiento a la derecha del juez y allí sacó unos papeles del bolsillo y una pluma estilográfica y tomó notas mientras escuchaba con aparente tranquilidad la lectura del rollo y las declaraciones, aunque cuando fueron desfavorables dio muestras de impaciencia mirando hacia su defensor, haciendo gestos de protesta y se revolvió en el asiento, pero en general su aptitud fue bastante serena.
Las primeras en subir al estrado fueron dos mujeres de Ablaña y varios mineros de Mieres que coincidieron al considerar que el acusado había sido el cabecilla del movimiento, lo que corroboró Teodomiro Menéndez, pero sin añadir más detalles.
Luego, el tono sosegado de la mayor parte de los llamados se rompió con las graves acusaciones de Mariano Alonso Fabré y José Suárez Campos. El primero dijo que por orden de Peña se había sometido a tormento a 14 detenidos, todos miembros de las guardias de asalto o civil y el segundo aseguró haberlo visto arengando a los revolucionarios diciéndoles que como se estaban causando muchas muertes no había más remedio que poner fuego a Oviedo y destruirlo.
También fue duro el testimonio de Manuel González Iglesias al asegurar que el procesado había dirigido el asalto al Banco de España y al hotel Covadonga recogiendo allí unas alhajas antes del incendio del edificio y que él mismo lo había visto después en Palencia con otros jefes de la revolución.
Aunque las declaraciones que más sorprendieron fueron las de dos protagonistas de primera línea, Teodomiro Menéndez -compañero de acusación- y el sargento Diego Vázquez, uno de los pocos militares que se unieron al movimiento, quienes confirmaron que Peña, formaba parte del comité y que era considerado por todos como el jefe, siendo su lugarteniente Dutor.
Después de ellos, a lo largo de la mañana otros implicados en la insurrección abundaron en esa opinión y algunos dieron detalles sobre el paradero del dinero que se había sacado del Banco de España y que era uno de los aspectos que más le interesaba aclarar al tribunal. Así Simón Díaz Carro afirmó que había acompañado a Peña con aquel dinero deteniéndose con él en Las Regueras y el pueblo de Sandiche, cerca de Pravia, para entregar elevadas cantidades a otros individuos con el encargo de que las escondiesen y Cornelio Fernández, concejal socialista en Las Regueras, contó su participación en el movimiento junto a Peña y como había escondido en su casa primero armas y luego sacas de billetes, siempre bajo sus órdenes.
Otro testigo, Jesús Fernández Rodríguez, afirmó haber recogido paquetes de dinero después de que el coche que lo llevaba hubiese sido inutilizado en Sandiche y que en aquel vehículo iban entre otros González Peña, Antonio Llaneza, Dutor y Jesús Ibáñez.
En el lado de quienes trataron de disculparlo negando que hubiese sido el máximo dirigente de la insurrección destacaron Antonio Llaneza -hijo del fallecido líder Manuel Llaneza-, quien no tuvo inconveniente en declararse amigo íntimo de Peña; también "Manole" Grossi y Juan Pablo García, identificado como un estudiante socialista al cual le había pagado la carrera de abogado el Sindicato Minero, quienes afirmaron que no les costaba que hubiese tenido mayor participación que los demás, y Javier Bueno, director de Avance, que lo exculpó diciendo que el jefe de los revolucionarios era Dutor.
Cuando le llegó el turno a Jesús Ibáñez, no defraudó a quienes esperaban que diese rienda suelta a su imaginación. Comenzó por asegurar que él había estado prestando servicio en la Cruz Roja cuando un día pudo oír una discusión entre González Peña y el sargento Vázquez, que Peña se dirigía a él con palabras muy fuertes y que le increpó diciéndole que lo que hacía era propio de cobardes y no de hombres y que a él le sobraba corazón para ponerse al frente, a lo cual respondió Vázquez: "eso cuéntaselo a Peña. Lo que demostraba que Vázquez no conocía a quien estaba discutiendo con él, así que no debía de ser tan importante en la jefatura de la revolución.
Al llegar el momento de su alegato, Ramón dio la versión de que la insurrección la había organizado el Comité de la Alianza Obrera y que él solo sabía los nombres de Bonifacio Martín -fallecido en los enfrentamientos- y Graciano Antuña -quien había logrado escapar-, sin conocer a ningún otro dirigente ni a los que formaban el Comité en Ablaña y negó haber intervenido en repartos de armas, ataques a las fuerzas o asaltos a edificios; que al contrario, había intercedido en varias ocasiones para que no se hiciese daño a los prisioneros, citando varios ejemplos. También dijo que se había limitado a recoger 15.000 pesetas del Banco de España que le dieron como a todos para que pudiese huir.
Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez fueron indultados por el Gobierno Lerroux gracias a la campaña por su amnistía que se levantó por toda España y a la mediación del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, pero recorrieron varios penales, como casi todos los revolucionarios, hasta que llegó la amnistía del Frente Popular.
Ramón fue presidente del PSOE desde junio de 1936 y comisario General del Ejército del Norte durante la guerra civil. Tras la derrota republicana se exilió en Francia y desde allí pasó a México en julio de 1940 donde dirigió el sector negrinista de la UGT y del PSOE en el exilio. Allí falleció el 27 de julio de 1952.
Con respecto a Teodomiro Menéndez, que era quien había avisado a la Guardia Civil de que su compañero se refugiaba en Ablaña, alguna vez he leído que lo había hecho porque pensaba que éste se hallaba a salvo fuera de Asturias y en la práctica revolucionaria suelen cargarse las culpas sobre los que no pueden recibir el castigo, como hizo el mismo González Peña con Bonifacio Martín y Graciano Antuña. Pero parece que no fue así.
