Los 117 nuevos pisos de la Mayacina que han salido al mercado en régimen de alquiler estarán habitados en septiembre. Más de un millar de aspirantes han optado a instalarse en esta promoción, por lo que casi nueve de cada diez demandantes se han quedado sin vivienda, en el mejor de las casos, pasando a integrar la lista de espera. Esta alta demanda contrasta con la parálisis que desde hace ya cinco años sufre la venta de pisos en el bloque residencial anexo, el primero construido dentro del ensanche urbano. La sociedad estatal Sepes, promotora del edificio, aún tiene a la venta 68 de los 131 pisos que integran el inmueble negro "carbón" bautizado como "Vivazz".
La Mayacina tiene actualmente ejecutadas cuatro promociones residencias. De ellas, dos están tuteladas desde el ámbito público. Una, ejecutada en 2010, cuanta con 131 pisos, de los que más de la mitad están vacíos. La otra, situada en la parcela anexa, suma 117 viviendas. Más de un millar de familias han mostrado interés en residir en ella. La desigual demanda se explica únicamente desde el hecho de que en el primer inmueble los pisos han salido a la venta y, en el segundo, se ofrecen en alquiler.
La única promoción residencial del plan urbano de la Mayacina que, hasta la fecha, se había abordado desde el ámbito público, la que desarrolló la sociedad estatal Sepes en la calle Valeriano Miranda, ha encallado en su comercialización. Tras el empujón inicial, periodo en el que se vendieron 60 de los 131 pisos protegidos construidos, las operaciones de compra están prácticamente paralizadas desde 2011. En los cinco últimos años, se han vendido menos de diez viviendas.
El bloqueo de la ventas en el inmueble promovido por Sepes en la calle Valeriano Miranda, que obtuvo el premio nacional de arquitectura en 2013, contrasta con la buena acogida que ha tenido la promoción de alquiler situada justo al lado. La iniciativa del Principado ligada al alquiler parece tener garantizada su plena ocupación desde el primer día. La cuantía de la renta variarán en función de la situación económica de cada familia, pero está pactado inicialmente que el precio del alquiler nunca será mayor al 20 por ciento de los ingresos del asignatario.
