Mieres no está solo en su defensa contra el "Montorazo", decisión con la que el Gobierno central pretende cerrar la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa). A la carta enviada por la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) al Ministerio de Hacienda cuestionándoles sobre la medida, el municipio mierense recibió ayer el respaldo de Cavastur, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, que también ha querido implicarse en la defensa de este servicio público y que participará "de forma activa", en las medidas que se tomen para tratar de salvar la compañía municipal mierense.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mieres, Ángel Luis Rubio, explicó ayer que mantuvo un encuentro con el presidente de Cavastur, Emilio Peña, al que arrancó el compromiso de que la Confederación "va a respaldar de manera total las acciones reivindicativas que se lleven a cabo en lo referente a la salvación de la Empresa Municipal de Transportes". El portavoz de los vecinos mierenses explicó que Cavastur también se integrará "como un miembro activo más" en la plataforma ciudadana en defensa de los servicios públicos que se está promoviendo desde Mieres. "Es muy importante que la Confederación Asturiana se involucre en esta situación porque no solamente viene a respaldar a los vecinos, sino a implicarse directamente en este problema que afecta a toda la sociedad mierense y al Ayuntamiento", aseguró Ángel Luis Rubio, que agradeció la posición de Cavastur.

La Confederación vecinal se suma a este frente un día después de hacerlo la FEMP. El colectivo que aglutina a los municipios y provincias españoles requirió al Ministerio de Hacienda, a través de una carta, que aporte información sobre las decisiones y las medidas que tiene previsto adoptar en relación a las empresas municipales. Aunque en el caso de Mieres es la de Transporte, este ayuntamiento no es el único damnificado por el "Montorazo", que también dispara a la línea de flotación de otros consistorios más grandes como puede ser el de Gijón, cuyas empresas de Transporte y Cultura también peligran.

Las asociaciones vecinales también tienen mucho que decir. De hecho, en las primeras semanas de septiembre, el movimiento ciudadano pretende involucrar a colectivos sociales, culturales, deportivos, además de a los agentes sindicales para formar una plataforma en defensa de los servicios públicos, desde la que pilotar la respuesta al "Montorazo" y nuevas posibles ofensivas del Gobierno estatal contra los ayuntamientos. También se debatirá la situación en la Junta General del Principado, ya que tal y como anunció en Mieres el diputado de IU, Gaspar Llamazares, la coalición presentará una iniciativa.

Y mientras se organizan las tropas, el gobierno local de Mieres sigue esperando a que el Ministerio de Hacienda responda a las alegaciones enviadas desde IU a los pocos días de recibir la comunicación de Madrid. Agosto está considerado un mes políticamente inhábil, y pese a que el Ministerio en funciones sí envió a los ayuntamientos la orden de cierre de las empresas, la respuesta a las réplicas está tardando más de lo esperado.