La clave para entender porqué la mayor parte de los trabajadores municipales han vuelto a cobrar los pluses eliminados en 2012 está en la falta de un nuevo convenio colectivo. Al no tramitarse, por no ajustarse a ley, el documento negociado y firmado en 2014, el juez considera que deben seguir aplicándose los contenido del convenio aprobado en 2009 y caducado a finales de 2011. Este marco laboral recogió en su momento notables ventajas económicas y socialistas.
El problema es que según la legislación actual sólo el personal laboral puede reclamar seguir bajo la protección del citado convenio. Y esto es lo que ha sucedido. Si bien el personal laboral que en su momento denunció el plan de ajuste ha logrado que sus demandas queden respaldadas por sentencias judiciales, en el caso de los funcionarios los dos únicos fallos judiciales firmados hasta ahora les quita la razón. De esta forma, los cien funcionarios que integran la plantilla municipal siguen cobrando los pluses suspendidos. Los sindicatos, sobre todo el Sipla, hablan de agravio comparativo. Y es que partir de ahora habrá trabajadores que cobren complementos, los 222 laborales, mientras que hay otros 100, los funcionarios, que seguirán sujetos al restrictivo plan de ajuste firmado hace cuatro años. Sin duda, el servicio municipal más perjudicado por esta anómala situación es la Policía Local.
