El Principado de Asturias tendrá que volver al juez si quiere cobrar los fondos mineros que el Estado sigue negándose a abonar. Al menos así se desprende de la reunión de la comisión de seguimiento de los fondos celebrada en Madrid, en la que el Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, se topó con la negativa por respuesta por parte del Gobierno español a abonar un nuevo lote de obras de fondos mineros, algunas incluso ya realizadas, tal y como explicó el propio responsable regional. Esta situación forzaría a que el Principado tuviera que acudir de nuevo a la vía del contencioso para lograr que se reconozcan los derechos de cobro de los proyectos, que ascienden a unos 130 millones de euros, tal y como ya sucediese con otro paquete de obras por valor de 213 millones.
La comisión celebrada el lunes tiene "trampa", ya que el Estado, entre el Ministerio de Industria y el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, tiene mayoría en las votaciones. Francisco Blanco señaló que "hubo un desacuerdo total, la misma línea que hasta ahora". El Consejero manifestó que el Gobierno central "siempre aplica la interpretación más restrictiva para reconocer el dinero que nos deben y no pudimos avanzar mucho en ese sentido". "Al final es algo esperado, ya sabíamos a qué íbamos, y nos convocan porque se ven obligados porque no tienen más remedio", censuró el responsable regional. El nuevo lote incluía proyectos como la última certificación de la residencia geriátrica que el Montepío tiene en Felechosa, que en la reunión tuvo un capítulo aparte. Esta es precisamente una obra finalizada, certificada y no abonada.
Tras la conversación mantenida con los responsables del Gobierno central, Francisco Blanco señaló que el Principado tiene dos opciones para lograr su objetivo de cobrar los fondos. "En algunos convenios, todavía nos queda la opción de la vía administrativa mediante el recurso de reposición, aunque en otros de los procesos ya tendríamos que ir a un contencioso", señaló y apostilló que "son muchos proyectos y no todos están en la misma situación". Blanco se mostró tajante en que el Principado va a llegar hasta el final en sus aspiraciones. "Puedo garantizar ahora mismo que no vamos a renunciar de ninguna manera a ir hasta el final en la reclamación de estos fondos mineros".
Para el Principado, la decisión de Industria "es absolutamente política, injustificada y no sé muy bien si se toma por ahorrarse dinero o por castigar a Asturias, pero desde luego que no vamos a claudicar. Si no quieren pagar obras hechas, gastos hechos y justificados, seguiremos reclamándolos", finalizó el Consejero asturiano.
Esta nueva reclamación judicial que emprendería el Principado se sumaría a la iniciada en 2013 y que un año más tarde se resolvería favorablemente para los intereses de Asturias. Sin embargo, pese a que el juez reconoció el derecho de cobro de Asturias de 213 millones de euros de varios proyectos de los fondos mineros, el Gobierno central ha incumplido sistemáticamente el fallo judicial y el Principado aún no ha recibido ni un solo euro reclamado.
