Si la planta de Mieres Tubos no vuelve a estar operativa no será porque sus trabajadores no lo estén intentando. La plantilla de la compañía recrudeció ayer las protestas con el corte de la carretera Nacional 630 a su paso por el polígono de Fábrica de Mieres. Tomaron la decisión ante la nueva negativa de la dirección de la compañía a mantener un encuentro con el comité de empresa. La huelga que iniciaron el lunes sigue vigente, y se mantendrá, al menos, hasta el viernes.
La plantilla volvió a concentrarse ayer, a primera hora de la mañana, ante las puertas de la planta, en Sueros. Hacia las nueve de la mañana llegaba un representante de la empresa. Allí hubo un pequeño encuentro entre los representantes sindicales y el portavoz. "Nos dijo que apoyaba lo que decía la dirección de la empresa, que mantiene que mientras sigamos en huelga no van a sentarse a negociar nada con nosotros", explicaron a este diario los portavoces sindicales, que agregaron que "no es nada nuevo, puesto que en los dos años que llevamos de conflicto, nunca nos han recibido, ni siquiera cuando nos plantamos en Vitoria".
Tras este nuevo varapalo, que aunque esperado, no deja de ser una pulla más en la moral de la plantilla, los trabajadores decidieron ir un paso más allá en su protesta. Abandonaron la planta en una marcha hasta el cruce de la carretera Nacional 630, la antigua Mieres-Oviedo, y allí procedieron a cortar el tráfico durante unos 20 minutos, impidiendo el paso de vehículos tanto hacia el propio polígono de Fábrica de Mieres, como en sentido a la villa mierense y hacia Oviedo, Morcín y Riosa. Posteriormente, se retiraron de nuevo hasta las puertas de la fábrica, portando siempre una pancarta que reza: "Mieres Tubos, ¡solución ya!". Las movilizaciones continuarán hoy con una nueva concentración ante la planta de Sueros.
La plantilla de Mieres Tubos decidió comenzar con esta oleada de protestas a raíz de conocer que el empresario moscón Juan Antonio Fernández Coalla, que estaba interesado en entrar como accionista mayoritario de la empresa, había decidido dar marcha atrás tras descubrir en una auditoría una deuda "oculta" de cerca de 2 millones de euros. A ese dinero habría que sumar los 8 millones necesarios para la reapertura de la planta, que el empresario si estaba dispuesto a asumir, en una operación en la que el Principado de Asturias tenía previsto participar mediante diversos mecanismos.
Los trabajadores reclaman al todavía dueño de la empresa, Luis Uribarren, que les abone los salarios que todavía les debe y que se corresponden a los meses de septiembre y a la paga extra de verano. También que facilite la entrada de inversores o invierta en reabrir la fábrica, algo para lo que hasta ahora "solo ha puesto trabas".
Mientras tanto, buena parte de la plantilla se encuentra en una situación muy difícil, ya que los dos años de parálisis de la empresa, con un ERE incluido, les ha llevado a agotar todas las prestaciones por desempleo.
