Tras la victoria de los ejércitos democráticos en la II Guerra Mundial la comunidad internacional se preocupó de ir restableciendo las libertades en aquellos países que las habían ido perdiendo por el auge de los totalitarismos en los convulsos años 30. España era uno de ellos: el general Franco, convertido en dictador por la fuerza de las armas, carecía de cualquier legitimidad para buscar el respeto de las potencias extranjeras que ya caminaban juntas por un camino de progreso.
En 1945, cuando se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) la candidatura de España fue rechazada por que aquí no se garantizaban los derechos más básicos. Aún más, desde el nuevo organismo se hizo pública una resolución de censura denunciando las relaciones que había mantenido el Régimen nacional-católico con la Alemania nazi y la Italia fascista y se recomendó la retirada de las embajadas hasta que Madrid no volviese a la normalidad política. Solo cinco estados, entre ellos la Santa Sede, decidieron no seguir el consejo.
El autodenominado Generalísimo reaccionó como solía hacerlo, invocando el patriotismo, las peculiaridades españolas y otras cosas de peor gusto. En las grandes manifestaciones que se convocaron rechazando las decisiones internacionales pudieron verse pancartas que resumían con claridad los argumentos de los partidarios franquistas. Así en Madrid: "Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos", o en Oviedo: "Franco, explosivos no te faltan".
Pero a la vez, mientras se contentaba a las masas con estas bravuconadas, los ideólogos del Gobierno ya trabajaban en una dirección más seria para cambiar su imagen fuera de nuestras fronteras. Muchos de los presos políticos que habían logrado sobrevivir en las cárceles desde 1939 fueron liberados por una amnistía, el saludo fascista dejó de ser obligatorio y las sotanas empezaron a ocupar los primeros lugares en los actos públicos por delante de los mandos falangistas. España volvía a ser un país católico y necesitaba dotarse de una cobertura legal para lavar su cara.
Dentro de esta estrategia, en julio de 1945, se aprobó el Fuero de los Españoles con un listado de derechos y deberes "a la española" y también una Ley de Referéndum, que autorizaba al dictador a plebiscitar todos los asuntos que considerase de interés. Ya era algo. Luego la medida se completó en marzo de 1946 con otra Ley Electoral limitada a elecciones corporativas e indirectas para los Ayuntamientos y las Cortes, y finalmente llegó el gran órdago con la aprobación en Cortes el 6 de junio de 1947 de la Ley de Sucesión que debería ser votada por el pueblo. Fue la primera de las dos consultas que celebró el Régimen en sus 40 años de existencia.
La convocatoria se hizo para el 6 de julio de aquel año buscando que la asistencia fuese masiva; para ello el Boletín Oficial del Estado informó previamente -el 25 de junio- de que debían llevarse hasta las urnas para ponerles un sello las cartillas de racionamiento u otro documento oficial identificando a los votantes y en cualquier caso sería necesario presentar un certificado de la mesa electoral si se quería percibir el salario del mes siguiente.
Llegado el día, las medidas de seguridad también fueron extraordinarias y en la prensa se incluyeron anuncios con avisos como este: "Todos los españoles somos los guardianes de la libertad y la seguridad de cada español. Puedes votar libremente hoy, que nadie molestará tu deseo de cumplir un deber de buen español. Cualquiera que pretenda coaccionar la libre expresión del votante ya sabe que sobre él caerá todo el peso de la ley".
Lo que se sometía a aprobación eran una serie de normas con la definición política del Estado "católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino", con la jefatura vitalicia para el "Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde", quien a la vez quedaba encargado de asegurar la sucesión en un varón de al menos treinta años, católico y dispuesto a jurar las leyes fundamentales del régimen y del Movimiento. Ahora ya sabemos que todo se hizo como estaba pensado y el rey Juan Carlos I accedió al trono cumpliendo todas estas condiciones.
Para la historia quedan los datos de aquel día: de los 17.178.812 votantes convocados, cumplió el 88,59% del electorado y un 94,71 % de ellos lo hizo afirmativamente, aunque Asturias fue la provincia con peores datos de todo el país al sumar entre los porcentajes de abstención y voto negativo el 32,48%.
Otra curiosidad fue que los portavoces del Régimen explicaron que muchas papeletas habían tenido que ser invalidadas por un exceso de patriotismo de los ciudadanos, ya que "el entusiasmo patriótico de muchos electores les llevó a rellenar el recuadrito con frases como "¡Arriba España!, ¡Viva Franco!, ¡Franco, sí; comunismo, no! Y otras de este tipo, que pese a tener un indudable carácter afirmativo no pudieron considerarse como "SI", por no ajustarse al modelo oficial. Dentro de este mismo tipo de papeletas, aunque de signo contrario en las frases, se extrajo de la urna algunas, poquísimas en total, que por la misma razón fueron anuladas".
Pero volvamos a aquella jornada electoral, porque si hacemos caso de las informaciones oficiales, el único incidente que puso el contrapunto a la tranquilidad de todo el país se registró en Mieres.
De esta forma se lo comunicó a la prensa el ministro de Gobernación: "Tengo que insistir en que la tranquilidad en toda España ha sido absoluta durante la jornada electoral. No ha habido las ocho detenciones de nacionalistas en Guipúzcoa de que se ha hablado por ahí y tampoco es cierto que haya un muerto en Galicia, por motivo de elecciones al menos. Ha habido la rotura de una urna en Mieres y ha sido la única en toda España. La noticia dada por el gobernador de Asturias es que un exaltado discutió con el presidente de una mesa y rompió la urna. Fue requerido un notario y hay por tanto una acta notarial".
Estas palabras parecen dar a entender que se había tratado de un hecho sin ningún matiz político, producto de un desencuentro entre dos personas, pero si consultamos lo que dijo al respecto el informe del gobernador José Macián Pérez, recién llegado a Oviedo, nos encontramos con otra versión: "Como prueba de la sinceridad con que se han efectuado las elecciones se ha destacar el que en algunos colegios para el acto del escrutinio hayan sido requeridos notarios, como ha ocurrido en Mieres y en un colegio de esta capital, donde electores de afección poco propicia han querido intervenir inspirados sin duda por grupos no afectos y con todos los medios que la ley pone a su alcance para fiscalizar el grado de sinceridad que la elección alcanzara".
"Otro caso digno de mención es el ocurrido en la cuenca minera de Mieres en donde la presencia de algunos elementos poco afectos en la composición de la mesa electoral, que impedían de manera sistemática la regularidad de la marcha de la votación, motivó el que uno de los electores se excitara y rompiera la urna, dándose inmediatamente a la fuga y teniendo que suspenderse por tal motivo las operaciones en algunos colegios".
Pues bien, parece que ninguna de las versiones es la buena, porque la clave está en una pequeña nota que publicó el martes 8 de julio el diario gijonés Voluntad, que se declaraba órgano de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, dando cuenta de un claro acto de sabotaje que se parece bien poco a lo contado por las autoridades: "A las cinco menos diez de la tarde se personaron en el Colegio sito en las escuelas de San Tirso tres individuos que rompieron violentamente las urnas dándose seguidamente a la fuga. En este colegio se repetirá la elección hoy martes".
Dada la dificultad de contrastar las informaciones, puede darse la circunstancia de que estemos ante dos hechos distintos, pero me inclino a pensar que la historia del enfado del ciudadano que rompe la urna y luego se da a la fuga sin ser ni retenido ni identificado, es difícil de encajar dada la vigilancia que rodeaba a los colegios electorales.
Por otro lado, la oposición clandestina, desde los monárquicos partidarios del pretendiente Juan de Borbón, que reclamaba para él los honores que luego se llevó su hijo, hasta los ilegales partidos y sindicatos de izquierda, habían declarado su boicot a la consulta, por lo que debemos suponer que fuesen algunos militantes o simpatizantes de estos últimos, con implantación en la Montaña Central, los autores del hecho. Como no hubo detenciones, ya no podemos saberlo, pero es otro pequeño dato para nuestra historia.
