El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado el procedimiento para contratar a la empresa que limpiará los edificios municipales durante los próximos tres años, con opción a una prórroga de otro ejercicio. Es el segundo concurso que inicia el Consistorio en este mandato ya que el anterior tuvo que ser paralizado después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, diese la razón a la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

Éste colectivo presentó un recurso al rechazar varias de las cláusulas incorporadas por el Consistorio para, señaló el gobierno local, "proteger a las trabajadoras", que están subrogadas. Entre ellas figuraba que, en caso de que la nueva adjudicataria llevase a cabo un despido improcedente, se viese obligada a readmitir al empleado.

El Ayuntamiento rehizo el pliego de condiciones, para lo que contrató a una experta en la redacción de este tipo de documentos, a la que se pidió que hiciese un contrato que pudiese favorecer las condiciones de las trabajadoras. Mientras se redactaron las bases, el Ayuntamiento tuvo que prorrogar el contrato existente en tres ocasiones para que se siguiesen acometiendo las labores de limpieza en los edificios municipales, que incluyen los escolares.

El presupuesto de licitación del contrato es de 3.475.526 euros, incluida la prórroga de un año sobre los tres iniciales. La inversión anual asciende a 1.051.346 euros anuales, incluyendo el IVA. En el concurso de adjudicación se otorgarán un máximo de 70 puntos en función de la oferta económica; 10 puntos, por la estabilidad del empleo; 6 puntos, por favorecer el empleo de personas con algún tipo de minusvalía, y el resto, según algunas mejoras (pulido de los suelos, limpieza de grafitis...). El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas en el contrato finaliza el 14 de diciembre.

El tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda aseguró, al admitir el recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, que las cláusulas iban "más allá de lo previsto por la normativa e incluso de los convenios aplicables". Reflejó además que estas condiciones incorporadas por el Ayuntamiento, que afectan "a las obligaciones de la empresa respecto a sus trabajadores, pueden resultar contrarias al derecho de la UE en lo referente a la libre prestación de servicios".