La plataforma vecinal de apoyo a la empresa municipal de transportes de Mieres (Emutsa) presentó ayer en el registro de la Delegación del Gobierno un escrito avalado por 7.080 firmas solicitando la continuidad de la compañía. De esta forma, este movimiento ciudadano culminó una campaña que inició nada más conocerse que el Ministerio de Hacienda había solicitado al Ayuntamiento el cese de actividad de la empresa debido a sus pérdidas. Una drástica medida que fue bautizada como el "Montorazo".

El viaje a Oviedo se hizo ayer en un autobús de Emutsa. La concejal de Urbanismo, Delia Campomanes, se sumó a la expedición. Una vez en la Delegación del Gobierno, los portavoces de la plataforma local fueron recibidor por responsables del área de economía. Además de presentar las firmas, se habló del informe jurídico encargado por el Ayuntamiento que avala la postura del equipo de gobierno de Aníbal Vázquez de mantener activas las líneas de autobuses. El gobierno local espera ahora la respuesta de Hacienda. El citado documento destaca que no existe desequilibrio financiero y, por tanto, que no hay base legal para cerrar la empresa.

"Desde Delegación del Gobierno se nos ha comunicado que este informe no es concluyente y que tendrá que ser el Ministerio de Hacienda en última instancia quien dictamine si la empresa es viable", señaló Ángel Luis Rubio, portavoz del movimiento vecinal que ha liderado la campaña de recogidas de firmas. "Al final la reunión no han dejado una sensación un tanto insustancial, nada se ha avanzado, ya que seguiremos como al principio. A estas alturas no hay una garantía sólida sobre la continuidad de Emutsa", añadió Rubio.

La plataforma vecinal de apoyo a la empresa municipal de autobuses dejó ayer en la Delegación de Gobierno, además de las firmas, una carta dirigida al ministro Cristóbal Montoto: "La postura adoptada -ordenar el cierre de Emutsa- nos parece cuando menos un precipitado ataque a uno de los servicios públicos municipales fundamentales en nuestro concejo y del que mas necesidad tienen sus vecinos debido a la gran dispersión de la población y las dificultades que para la misma entraña el desplazamiento a las localidades donde la concentración de servicios es mayor", recoge el texto.

La sociedad civil espera que el Ministerio rectifique de una manera concluyente: "Pedimos que se valore no solo la parte económica de los servicios, sino también el papel social que los mismos juegan y, desde esa perspectiva, se respalden con la aplicación de políticas sociales activas mediante el diseño de un plan general de movilidad que garantice el mantenimiento del transporte público municipal a la totalidad de los pueblos del concejo". El movimiento vecinal está dispuesto a impulsar nuevas medidas de presión si el Gobierno central no atiende la reclamación planteada para que los autobuses municipales sigan prestando servicio en el municipio.