El Ayuntamiento de Aller tendrá que acometer las obras necesarias para salvar la torre de Soto, de forma subsidiaria, si los propietarios no atienden las peticiones de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes. El Principado ha abierto un expediente sobre este inmueble, declarado bien de interés cultural (BIC) y en muy mal estado de conservación.

La parte de la torre que aún está en pie está cubierta por la maleza y los muros están deteriorados. Poca percha para un edificio con mucho que contar: data del siglo XI. Mitad historia, mitad leyenda, dicen que en ese castillo se conocieron Alfonso de VII de León y Doña Gontrodo, padres de Doña Urraca. El lugar fue el bien patrimonial más vistoso del catálogo municipal y, durante años, imagen del concejo para su promoción turística.

La emblemática torre se convirtió en parada obligatoria para turistas. Además, centró el programa de visitas guiadas durante varios veranos. Un hostelero británico se interesó por el inmueble: quería adquirirla, junto a un edificio anexo, para construir un complejo turístico. No llegó a un acuerdo con los propietarios. El Ayuntamiento de Aller también solicitó fondos mineros para asegurar el correcto mantenimiento, pero la supresión de las ayudas dejó en el aire la actuación.

Empezó entonces el declive. La torre quedó fuera del programa de visitas del área de Cultura y el gobierno local (PSOE) inició la tramitación para declarar el inmueble en estado de ruina. En verano, el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, visitó el lugar. El responsable regional señaló que, "si hay que tomar alguna determinación con la torre, lo haremos". "Tendremos que determinar qué acciones tomar en función del estado del edificio, ya que nuestra obligación es preservar el patrimonio asturiano", añadió.

Si el inmueble necesita obras, y todo parece indicar que así será, la Administración regional requerirá a los propietarios su ejecución. Si no responden, es el Ayuntamiento quien tiene que tomar las riendas. El alcalde del concejo, David Moreno, explicó que "seríamos los encargados de hacer las obras, pero sólo de forma subsidiaria". Es decir, el Ayuntamiento contrataría las actuaciones, pero luego reclamaría la financiación por la vía administrativa a los propietarios.