Silencio. Ni el constructor de la residencia del Montepío, Juan Antonio Fernández; ni el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, quisieron ayer hacer valoraciones sobre la demanda presentada por la mutualidad donde se les exige el pago de dos millones de euros por considerar "el proyecto defectuoso, el control negligente y la ejecución de la obra deficiente". Demanda en la que también está incluido el aparejador Vicente Fernández García.
Sin embargo, los demandados sí que defendieron en el pasado su trabajo en el geriátrico. Tanto el constructor como el arquitecto lo hicieron hace ahora dos años durante la comisión que investigaba, en la Junta General del Principado, la fortuna oculta de 1,4 millones de euros del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.
Juan Antonio Fernández había declarado ante los diputados que no había pagado "ni un euro" por la ejecución de estas obras ni al exlíder sindical, ni al que fuera entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo. En su comparencia afirmó que el equipamiento se había realizado "en plazo y con respeto a las calidades y al resto de compromiso adquiridos". También había señalado que la obra se había ejecutado "respetando los tiempos pactados". Por su parte, Manuel Sastre había asegurado que las obras ejecutadas se correspondían con las certificadas en la construcción del equipamiento. Según el arquitecto, la construcción fue "modélica" y destacó que se habían cumplido plazos y calidades sin una sola incidencia. Un éxito que atribuyó a la actuación de la empresa adjudicataria "que mantuvo un control y seguimiento permanente del proyecto".
El aparejador de la obra también había hablado de los trabajos cuando se supo que el Montepío cuantificaba las irregularidades en dos millones de euros, tal y como se ha puesto de manifiesto en la denuncia presentada. Fernández García negó que las irregularidades detectadas pudieran tener tal dimensión.
