La Junta de Castilla y León acaba de publicar 34 medidas dentro de un plan estratégico de recuperación y desarrollo de sus recursos minerales, entre los que se encuentran el desarrollo de las comarcas mineras. Este documento supone una hoja de ruta hasta el año 2020 y se ha elaborado con el fin de "impulsar la actividad productiva y la creación de empleo en torno al patrimonio geominero"
Desde el punto de vista normativo, se plantea la redacción de un decreto de Minería que desarrolle con más claridad y refuerce la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos.
En el ámbito medioambiental se promoverá un nuevo decreto sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras para actualizar los procedimientos administrativos de acuerdo con la normativa básica. Asimismo, se elaborará conjuntamente un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener situaciones de cierres prematuros o no planificados de entidades explotadoras.
Además, la Junta ordenará en un catálogo las estructuras mineras abandonadas en balsas, escombreras, explotaciones subterráneas, a cielo abierto y mixtas con una doble intencionalidad: determinar cuáles pueden ser reutilizadas como áreas de depósitos naturales de excavación y las que corren riesgo de ocasionar afecciones al paisaje o a la seguridad de personas y bienes.
En el capítulo de vigilancia y control destaca la apuesta por el uso de drones en la supervisión de proyectos a cielo abierto, medida que da continuidad a la experiencia piloto sobre asistencia técnica llevada a cabo a partir de la colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Universidad de León iniciada en 2015.
