El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, aseguró ayer, que "peleará" para demandar ante el Gobierno central que el centro de discapacitados de Barros entre en funcionamiento de este año, aunque sea de manera parcial. "Ahora estamos pendientes de que se tramite la ley de uso y gestión que permita sentar las bases de funcionamiento del centro. En la última conversación que mantuve con la directora del Imserso me dijo que estaban en ello y estoy pendiente de poder comunicar con ella para ver cómo van esos plazos".

La ley, que se demoró por el retraso a la hora de elegir nuevo Gobierno, es la pieza clave para dilucidar si el centro tendrá gestión pública, privada o mixta. "Parece que la atención a los usuarios puede ser pública y otros servicios ser de gestión privada; habrá que ver qué pasa al final", indicó el regidor, para añadir a continuación: "Yo soy optimista y pienso que el equipamiento se podría abrir este mismo año, aunque sea por fases como ha ocurrido con el geriátrico de Riaño. Yo voy a pelear por ello".

Por otro lado, Sánchez se entrevistó ayer con el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado, Juan Fernández Pereiro. "Le hemos pedido que se ponga en marcha algún tipo de protocolo de actuación para permitir que los edificios catalogados que están en ruinas se puedan demoler. Lo que propusimos es que quien lo derribe tenga unas obligaciones posteriores, pero no podemos seguir con inmuebles en un estado de deterioro que amenaza la seguridad de los vecinos".

El planteamiento de Langreo pasa por "condicionar el derribo a que la estructura futura conserve algunas de las señas de identidad de la antigua edificación y respete su estética".