18 de enero de 2017
18.01.2017

Viesgo recurre la sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Mieres por el derribo de la subestación

La compañía eléctrica reclama 2,8 millones de euros por los perjuicios al tener que demoler la instalación

18.01.2017 | 14:42
Trabajos de demolición de la subestación eléctrica, ejecutadas en 2014.

La empresa eléctrica Viesgo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Mieres en el caso de la subestación eléctrica de la Mayacina. El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo había desestimado el recurso presentado por la compañía energética, en el que reclamaba casi 2,8 millones de euros al Ayuntamiento por daños y perjuicios al tener que derribar el equipamiento tras declarar nula los tribunales la licencia municipal expedida para su construcción.
La sentencia judicial desestima la demanda de Viesgo y considera ajustada a derecho la resolución del Ayuntamiento de Mieres sobre la reclamación patrimonial. El gobierno local aseguró días atrás, tras conocer el fallo, que "es una pequeña victoria judicial que deja las cosas claras aunque hay que ser prudente porque Viesgo puede presentar recurso ante el TSJA". Finalmente la compañía eléctrica ha presentado el recurso.
El ejecutivo municipal defiende que el Ayuntamiento "actuó conforme a la legalidad vigente y anteponiendo en todo momento el interés general". La junta de gobierno del Ayuntamiento de Mieres concedió a Viesgo en mayo de 2009 la licencia de obras para la construcción de una subestación eléctrica. Posteriormente esa licencia fue impugnada en la vía contencioso-administrativa y anulada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo de 30 de enero de 2012, confirmada en vía de apelación por la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA del 28 de noviembre de 2012, una vez que el equipamiento ya estaba construido.
El juez entiende, por una parte, el "retraso deliberado en la ejecución" de la primera sentencia, ya que Viesgo solicitó la autorización para el derribo casi un año después del pronunciamiento del TSJA y de que el Ayuntamiento emitiese la orden. El documento también apunta que "los gastos de desmantelamiento ya se habían presupuestado a julio de 2013, por lo que eran perfectamente conocidos y no hay razón justificativa de que se esperase hasta abril de 2015 para reclamar unos y otros". La sentencia explica que "la sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal establecido en la Ley, que es el de un año a computar según el origen del daño", por lo que el Tribunal entiende que la reclamación de Viesgo se ha efectuado fuera de plazo.

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