Las movilizaciones que desde hace semanas vienen teniendo lugar en el nuevo Hospital Álvarez Buylla para protestar contra el despido de dos trabajadores de la cafetería por una presunta "mala praxis" con la caja registradora se han enturbiado tras denunciar la Guardia Civil a varios representantes sindicales, en principio, todos ellos pertenecientes a UGT. El malestar en el seno de la central es grande, ya que en este contexto de tensión se ha generado una situación anómala. Uno de los denunciados es el secretario general de la unión comarcal, Sergio Álvarez, quien asegura taxativamente que no participó en la protesta concreta que provocó la intervención de los agentes del orden: "Estoy indignado, ya que nunca he tenido problemas para asumir las responsabilidades de mis actos en movilizaciones, pero en este caso puedo asegurar que no participé de los hechos que se me imputan".

Lo sucedido es difícil de desenredar. Para intentar entenderlo es conveniente comenzar por lo reseñado en la denuncia. La Guardia Civil sitúa su intervención en el día 25 de abril a las tres de la tarde. El expediente recoge que en ese momento se estaban produciendo unas protestas en apoyo a los despedidos de la cafetería. Los agentes comprobaron que la movilización no había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno, como es preceptivo en estos casos, por lo que procedieron a identificar a las personas que se encontraban a la cabeza de la concentración portando una pancarta. A continuación el grueso de los participantes en la protesta accedieron al interior de la cafetería y, siempre según el texto del expediente sancionador, ocuparon las dependencias "en su totalidad", impidiendo la movilidad de los clientes de la cafetería. En pleno revuelo, los presentes comenzaron a gritar frases como "que salgan los jefes", violentando a los empleados del establecimientos que se vieron obligados a refugiarse en las dependencias internas para no ser increpados.

Tras estos sucesos, la Guardia Civil decidió incoar expedientes sancionadores a los cabecillas de la protesta. Se identificó a varios responsables sindicales, para los que se pide una multa de entre 100 y 600 euros. Están confirmadas al menos seis denuncias, entre ellas, la de Sergio Álvarez, quien mantiene que no participó en la citada movilización: "No se trata de tener que pagar la cuantía de la multa ni de si los hechos son punibles o no; es que simplemente yo no estaba y es algo que nos parece tremendamente grave". El dirigente sindical considera que la Guardia Civil no actuó correctamente: "Podría preguntar si no sería mejor que estuvieran vigilando para que no se produjeran los robos que está sufriendo la zona rural del concejo, pero la cuestión es que están sancionando a un persona por unos hechos que no cometió. Y lo están haciendo tras, supuestamente, haberme identificado en el lugar, por lo que no puede haber margen de error".

UGT mantiene firmemente que a Sergio Álvarez se le ha sancionado indebidamente. Ahora bien, la actuación de la Guardia Civil tiene su punto de apoyo más allá de la propia intervención de los agentes. Los mismos organizadores de las protestas han colgado en las redes sociales fotos de la concentración del día 25 de abril, fecha en la que el instituto armado sitúa su intervención. En ellas se puede apreciar perfectamente la presencia de Sergio Álvarez. Esta prueba irrefutable avalaría la actuación de los agentes. Ahora bien, el problema es que desde UGT se afirma que la concentración que acabó dentro de la cafetería y que dio lugar a las denuncias se desarrolló dos días más tarde, el 27 de enero. "Estoy seguro de que yo no estaba, ya que me encontraba viendo un partido de fútbol de mi nieto cuando me llamaron los compañeros para explicarme lo sucedido. En las concentraciones en las que yo estuve no hubo ningún problema con la Guardia Civil".

El hospital de Mieres volvió ayer a acoger una nueva movilización de protesta contra el despido de dos trabajadores de la cafetería cesados por "mala praxis" con la caja registradora. El argumento de esta convocatoria, que se viene repitiéndose desde hace semanas, es que la empresa encargada de la cafetería "ha reconocido que no tienen ninguna prueba de las acusaciones". En la fotografía, los participantes en la movilización, frente al hospital.